El equilibrio dentro del gobierno tripartito de Girona —formado por Guanyem, Junts y ERC— se ha visto tensionado este lunes a raíz de la votación de una moción del PSC sobre el derecho universal al empadronamiento. El texto, que quería reafirmar el compromiso del consistorio con este derecho fundamental, ha acabado provocando una votación dividida dentro del ejecutivo. Mientras Guanyem y ERC le han dado apoyo, Junts se ha opuesto, situándose al lado del PP y Vox.
La propuesta socialista instaba al Ayuntamiento a garantizar que todas las personas que viven en la ciudad puedan inscribirse en el padrón “sin discriminación por nacionalidad, situación administrativa, vivienda o documentación”, y pedía no confundir cuestiones de seguridad con el origen o la situación de los residentes.
Durante su intervención, el concejal del PSC Maxi Fuentes defendió que es “imprescindible” que los ayuntamientos “cumplan con la obligación de empadronar a quienes residen en los municipios”. El socialista subrayó que el padrón “no es la herramienta para discriminar a las personas sin papeles” ni tampoco para “controlar las estancias irregulares”.
Fuentes advirtió que la reorganización interna del servicio de padrón, que ahora depende directamente del secretario municipal, ha generado “una situación de incertidumbre” que puede derivar en “problemas para las personas vulnerables”. Por ello, ha reclamado “evitar que determinados requisitos internos se conviertan en barreras” y garantizar que el empadronamiento se haga “sin ningún tipo de discriminación y con la máxima diligencia”.
Tensiones dentro del gobierno
El apoyo de Guanyem y ERC a la moción contrastó con la negativa de Junts, que ha calificado el texto de “oportunista”. La vicealcaldesa Gemma Geis aseguró que en Girona “no hay problema” para empadronar a nadie, pero reconoce la existencia “de organizaciones delictivas que se aprovechan de las personas más necesitadas”. Según Geis, los cambios aplicados pretenden “dar un mejor servicio del padrón, garantizando los derechos y luchando contra estas mafias”.
En cambio, la concejala de Guanyem Queralt Vila, responsable del padrón, defendió la gestión actual asegurando que “en Girona se garantiza que todo el que vive allí se pueda empadronar, con independencia de su situación personal y administrativa”. Remarcó que la ciudad entiende el empadronamiento “como un derecho básico, y no como un privilegio”. A pesar de ello, expresó su “perplejidad” ante la iniciativa socialista, recordando que “en Cataluña ha habido ayuntamientos socialistas a los que se ha señalado por hacer lo contrario o retrasar los empadronamientos”.
La concejala de ERC Raquel Robert también subrayó la importancia del padrón como “base que permite garantizar los derechos sociales y sanitarios”. “Tenemos claro que en Cataluña somos un solo pueblo y que todos somos catalanes”, afirmó.
Desde la oposición, el concejal del PP Jaume Veray aseguró que el padrón “no puede ser la puerta trasera de la inmigración ilegal”, mientras que el representante de Vox, Francisco Javier Domínguez, acusó al PSC de “blanquear las irregularidades bajo el pretexto de la inclusión social”.
Aprobación de la nueva ordenanza del mercado de la Devesa
El mismo pleno también dio luz verde, de manera inicial, a la nueva ordenanza de los mercados no sedentarios, que afecta principalmente al de la Devesa. El texto reduce el número de puestos, establece una disposición lineal e introduce sanciones de entre 299 y 1.500 euros por incumplimientos.
Aunque Geis expresó el deseo de que la ordenanza se aprobara “con un consenso amplio”, solo ha recibido el apoyo del gobierno. El PSC y el PP se abstuvieron y Vox votó en contra.
