Las diferencias entre el PSC y los Comuns sobre cómo limitar las compras especulativas de vivienda han acabado aflorando en el Parlament. Las dos formaciones han registrado por separado sus enmiendas a la proposición de ley después de que las negociaciones para encontrar un redactado compartido no hayan llegado a buen puerto.
El principal punto de discrepancia es cómo adaptar la norma al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), que cuestionó diversos aspectos del texto original por su afectación sobre derechos como la propiedad privada, la herencia y la libertad de empresa. El dictamen no es vinculante, pero obligó a reanudar la tramitación con la posibilidad de introducir modificaciones.
PSC y Comuns habían estudiado pedir una ampliación del plazo de enmiendas si todavía existían posibilidades de acuerdo, pero finalmente han descartado esta opción.
Dos maneras diferentes de abordar la especulación
El Govern apuesta por desplazar el foco del número de viviendas que puede acumular un comprador hacia el uso que se haga posteriormente. La propuesta socialista busca garantizar que los inmuebles adquiridos se destinen a residencia habitual y evitar que acaben convertidos en alquileres temporales o alojamientos turísticos.
Los Comuns, en cambio, quieren mantener el principio inicial de limitar determinadas compras por parte de grandes tenedores y fondos de inversión. La formación considera que el texto original es constitucional, a pesar de haber introducido modificaciones para reforzar sus garantías jurídicas.
Las diferencias ya se habían hecho evidentes durante los últimos días, con el PSC defendiendo regular el uso de las viviendas y los Comuns insistiendo en mantener restricciones sobre determinadas adquisiciones.
Los Comuns diferencian pequeños y grandes tenedores
Una de las tres enmiendas registradas por los Comuns establece una distinción entre pequeños y grandes propietarios. Serán considerados pequeños tenedores los que dispongan de hasta cuatro viviendas, mientras que a partir de cinco se considerarían grandes tenedores. Según la formación, esta diferenciación ya había sido acordada con los socialistas durante las negociaciones presupuestarias.
La segunda modificación afecta a las herencias. Los Comuns proponen que solo los grandes tenedores que reciban una vivienda en herencia estén obligados a destinarla a residencia habitual y permanente. Los pequeños propietarios quedarían excluidos de esta obligación.
La tercera enmienda es de carácter técnico y busca trasladar esta modificación al texto refundido de la Ley de urbanismo.
El dictamen que abrió la crisis
Las discrepancias tienen el origen en el pronunciamiento emitido en agosto por el Consejo de Garantías Estatutarias, después de que Junts y el PPC solicitaran que el organismo analizara la proposición. El CGE consideró que, aunque facilitar el acceso a la vivienda es una finalidad legítima, algunas restricciones previstas en el texto no mantenían un equilibrio suficiente con los derechos afectados.
A partir de este dictamen, el Govern defendió la necesidad de reformular la iniciativa para dotarla de más “solidez y rigor”, mientras que los Comuns han continuado defendiendo la constitucionalidad de la esencia de la propuesta.
La ley era una de las medidas destacadas del acuerdo entre el Govern y los Comuns para los presupuestos del 2026. Ahora, la falta de un texto conjunto deja abierta la negociación parlamentaria sobre qué redacción acabará llegando a votación.
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