El Govern flexibilizará las ayudas destinadas a paliar los daños por las inundaciones del día 12 en las Terres de l'Ebre y, así, facilitar que los ayuntamientos afectados actúen más rápidamente. El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha anunciado que el consejo ejecutivo del martes aprobará esta medida durante su comparecencia ante la Comisión de Interior y Seguridad Pública. El nuevo sistema permitirá adelantar anticipos a los ayuntamientos para que, a partir de un "principio de confianza mutua entre las instituciones", inicien los trabajos rápidamente y se liquide el presupuesto a posteriori. Por su parte, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha defendido la gestión de la emergencia pero ha admitido que habrá que introducir mejoras en el ámbito viario.
Hasta estos momentos, según ha explicado el mismo Dalmau, los ayuntamientos debían presentar informes de gastos a la Generalitat, que verificaban con inspecciones in situ, para poder realizar la correspondiente actuación de arreglo. Posteriormente, se abonaban los recursos. El mecanismo acordado con el Departamento de Economía, según ha abundado, permitirá ahora hacer los anticipos para poder iniciar las obras antes.
Esta "simplificación" supondrá que el plazo de solicitudes de las ayudas se amplía de 20 días a tres meses y que no será necesario presentar el proyecto ejecutivo en el momento de pedir las ayudas, únicamente una "memoria técnica". "El presupuesto, los permisos y autorizaciones necesarios querríamos que se puedan presentar durante el plazo de ejecución y no en el momento de solicitar la ayuda"; ha precisado. La ejecución, además, tendrá un plazo de dieciocho meses, ampliable en nueve más, respecto a los doce actuales.
Según Dalmau, todo esto debe evitar que cuestiones administrativas y burocráticas impidan "dar una respuesta adecuada" a las reparaciones de los efectos de las inundaciones. Ha recordado que, actualmente, es muy frecuente que el proceso efectivo de abrir caminos o reparar infraestructuras no se inicie antes de "seis meses o un año". "Yo he visto estos días que alcaldes y alcaldesas han estado ahora finalizando actuaciones del año 2021 y 2022. Y, creo, honestamente, que no nos podemos permitir que el sistema falle de esta manera", ha zanjado.
El conseller de Presidencia, que ya ha avanzado que habrá que ampliar la partida inicial de 10 millones de euros directos y 50 en líneas de créditos blandos del ICF, ha asegurado que el principio de actuación del Govern en la gestión de las reparaciones por las inundaciones ha sido mirar cuáles son "sus incumbencias y no sus competencias" para plantear una actuación "generalizada" dentro de los límites de la normativa.
En este sentido, ha recordado los condicionantes distintos que suponen las obras estructurales frente a las medidas de emergencia de reparación de caminos e infraestructuras en términos de contratación administrativa. En el caso de estas últimas, las más urgentes, se han ejecutado ya la mitad de las 120 actuaciones programadas en los municipios afectados, ha asegurado.
Son taludes, escolleras, vados y pasos de barrancos, así como en la restitución de caminos que el agua se llevó, un capítulo que supone el 80% de las actuaciones. Hay programadas diecisiete actuaciones que deberían quedar terminadas en noviembre. Además, según Dalmau, se prevé invertir ocho millones en reparaciones y reposiciones estructurales de infraestructuras -a través de la ACA e infraestructuras.cat- como es el caso del puente de Sant Josep de la Ràpita.
El problema de las comunicaciones
Más allá de estos daños, el consejero de la Presidencia ha anunciado también que se pondrá manos a la obra para solucionar los problemas de comunicaciones, cobertura de móvil y conexiones a Internet, que sufren diferentes municipios, especialmente del interior de las Terres de l'Ebre, y que el episodio de aguaceros ha vuelto a poner sobre la mesa. Cerca de una veintena de municipios, también del Camp de Tarragona, se quedaron sin cobertura ni acceso a la red durante horas.
Según Dalmau, el Govern negocia con las operadoras para mejorar estas comunicaciones y, en particular, durante casos de emergencias, para habilitar un "camión multioperador para desplazarse a las zonas para reforzar y garantizar la cobertura y que lleguen los mensajes de alerta a la población". Se trata de un equipamiento que ya funciona para la red rescate y que se incluirá en la próxima licitación del contrato de telecomunicaciones que saldrá en agosto.
Las alertas móviles funcionaron, según Parlon
En la misma sesión de la Comisión de Interior y Seguridad Pública del Parlamento, la consejera de Interior, Núria Parlon, ha defendido la gestión del episodio por parte del Gobierno y ha asegurado que el mecanismo de alertas móviles se reveló como útil para transmitir instrucciones e información a la población. Ha constatado la "buena coordinación" durante la fase de emergencias y ha asegurado que la "reacción" pidiendo restringir la movilidad ayudó a los bomberos y servicios de emergencias a actuar cuando se negaron las principales arterias viarias del territorio.
A pesar de ello, la titular de Interior ha admitido, como ya había avanzado esta semana, que existen "elementos de mejora", especialmente en la gestión del tráfico y de cómo hacer llegar de forma efectiva la ayuda durante estos episodios, con centenares de conductores atrapados y afectados por los cortes de la AP-7 y la N-340 en el Montsià. "Constatamos que los equipamientos para hacer frente a emergencias los tenemos demasiado lejos del territorio. Por eso debemos tener un centro logístico o dos", ha reiterado.
También la necesidad de mejorar la planificación y los puntos para efectuar cortes de circulación viaria de forma preventiva en estos casos dentro de la operativa del Servei Català de Trànsit y los Mossos. Así, ha explicado que antes de que finalicen las obras civiles de mejora en la N-340, cree que los cortes desviando el tráfico se deberían desplazar hacia el norte y hacia el sur, en coordinación con la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana. Esto, ha asegurado, permitiría evitar "situaciones críticas".
Junts reclama la nueva ley de emergencias
Por su parte, desde el grupo de Junts, los diputados Josep Rius e Irene Negre han pedido detalles sobre las subvenciones anunciadas, una convocatoria para equipar a los municipios con más recursos de protección civil. También se ha reclamado apoyo para los municipios que aún no tienen redactado el DUPROCIM (Documento único de protección civil municipal). La consejera de Interior ha detallado que en las Terres de l'Ebre hay diecisiete municipios planes definitivos aprobados, seis lo tienen en trámites -y se homologarán en diciembre- y el resto los están trabajando.
Rius ha vuelto a criticar que el president Illa no se personara en las Terres de l'Ebre el primer día de la emergencia y ha preguntado sobre la voluntad de tramitar la nueva ley de emergencias que se acordó en el monográfico del mes de enero. Parlon ha defendido que los trabajos previos se pondrán en marcha el año que viene, con un trámite hasta la aprobación que se puede alargar dos años. Junts también ha reclamado que se reduzcan los plazos del plan director de barrancos a dos años.
Capacidad de ejecución de promesas
El diputado Albert Salvadó, portavoz de ERC en la sesión informativa sobre las inundaciones, ha insistido en la necesidad de crear "soluciones estructurales", y que las ayudas del Govern y del Estado sean más rápidas y más amplias. Salvadó ha "celebrado" la flexibilización que ha anunciado el conseller Dalmau para ayudar a los ayuntamientos, porque "es imprescindible", y lo ha reclamado también para particulares, negocios y sector primario. Salvadó ha señalado que es necesario resolver que la reposición de los daños ocasionados por las inundaciones no sea "un factor limitante" como ha pasado con anteriores emergencias.
El diputado republicano ha calificado la reacción del Govern en la emergencia y los días posteriores de "moderadamente aceptable" y ha cuestionado la capacidad de poder llevar a cabo "la mitad de cosas" que se han anunciado por parte del ejecutivo. De hecho, ha criticado que "no se ha hecho ni una medida" de las comprometidas después del incendio del Baix Ebre. "Es una prueba de algodón que me preocupa", ha alertado.
Seguimiento de medidas
Desde el PP, el diputado Alberto Villagrassa ha pedido la cuantificación y valoración de las pérdidas causadas por las inundaciones en las Terres de l'Ebre, para valorar si las ayudas anunciadas "se ajustan" a las necesidades generadas por la emergencia, tanto en el ámbito público como en particular. Ha reclamado agilizar las ayudas a los ayuntamientos más pequeños para que no tengan problemas de tesorería y ha propuesto hacer un seguimiento desde Presidencia del grado de cumplimiento de todos los compromisos anunciados con las Terres de l'Ebre en materia de resiliencia al cambio climático y de protección civil y atención de la emergencia.
Por parte de Vox, el diputado Sergio Macián de Greef ha atribuido al "fanatismo climático" las obras hidráulicas de prevención que se han planteado y que se reclaman, y ha defendido que "para mejorar los servicios de emergencias hace falta un sistema estatal", ya que "el estado autonómico es un fracaso en gestionar estas tragedias". Según Macián de Greef el plan director de barrancos de las Terres de l'Ebre llega tarde.
Internalización del 112
El diputado de los Comunes, David Cid, ha rehusado que se hagan paralelismos con la DANA de Valencia desde "el oportunismo" y se ha sumado a las peticiones de ejecutar "soluciones estructurales" ante la emergencia climática, y mecanismos "para actuar más rápido y de manera más segura" con ciudadanos que "estén más preparados". Los Comunes insisten en que hay que "fortalecer" los cuerpos de emergencia y mejorarles las condiciones laborales, así como "reforzar y modernizar" todo el sistema de emergencias de Cataluña.
En este sentido, como Cid, el diputado de la CUP, Dani Cornellà, ha reclamado la internalización del Cat112 y el estudio de la situación y las necesidades de los parques de bomberos voluntarios y del cuerpo de Protección Civil, que el Govern prometió hacer en el monográfico de enero. "Además de las palmaditas en la espalda, se debe reconocer su trabajo con estabilidad laboral y condiciones dignas", ha dicho Cornellà. Desde la CUP también se ha recordado que en el plan director de barrancos del Ebro se deben incluir soluciones estructurales basadas en la naturaleza para no quedar solo "en el corto plazo".
Desde el grupo mixto, la diputada de Aliança Catalana, Rosa Maria Soberana, ha asegurado que el país "no está lo suficientemente preparado" para hacer frente a fenómenos meteorológicos extremos como la borrasca Alice y ha recriminado la falta de medidas estructurales. Soberana ha preguntado sobre "la responsabilidad" de la ACA para "garantizar sistemas naturales de drenajes" y ha cuestionado en qué destina la tasa de saneamiento.
Finalmente, la diputada del PSC, Lidia Ferré, también ha defendido el funcionamiento del sistema ESAlert aunque ha pedido revisar la situación de la cobertura móvil para que lleguen a todo el mundo. "La lección", ha dicho, es que hay que "actuar preventivamente y crear espacios seguros para la población". La diputada socialista también ha defendido el papel del president Illa en la emergencia de las inundaciones y ha dicho que ha tenido "un rol esencial en la coordinación centralizada desde el primer momento, y que ha liderado la respuesta".
