El magistrado de la sala penal del Tribunal Supremo Vicente Magro ha elevado al Congreso el suplicatorio para poder continuar la investigación contra el diputado de Sumar En Comú Podem Félix Alonso, exalcalde de Altafulla. El instructor considera que hay indicios de que podría haber cometido un delito de prevaricación administrativa por adjudicaciones de contratos menores hechas durante su etapa al frente del consistorio.
La decisión llega después de que el Tribunal Supremo abriera causa penal a raíz de una exposición razonada enviada por el Juzgado de Instrucción número 4 de El Vendrell. Como Alonso es diputado en el Congreso, el Supremo necesita que la cámara autorice la suspensión de su inmunidad parlamentaria para poder continuar el procedimiento.
Según la resolución, de doce páginas, el magistrado aprecia un “uso indebido de la figura del contrato menor” para cubrir necesidades recurrentes del Ayuntamiento de Altafulla, en contra de la normativa de contratación pública. También sostiene que hubo una “absoluta falta de procedimiento, de presupuesto” y una voluntad de introducir empresas con vinculación política.
Contratos con Milà Advocats y Sinergia EDM
El juez centra parte de los indicios en contratos adjudicados a Milà Advocats SLP y a Sinergia Energia Dret i Medi Ambient SLP. En el primer caso, la resolución señala un contrato firmado en marzo de 2016 por asesoramiento jurídico, a pesar de que la empresa ya habría prestado servicios de manera recurrente desde 2013.
Según el instructor, esta continuidad habría obligado a tramitar un procedimiento de contratación ordinario, y no una adjudicación directa mediante contrato menor. La resolución también apunta que, una vez acabado el contrato, el Ayuntamiento continuó pagando servicios a Milà Advocats hasta septiembre de 2017.
A partir de octubre de ese año, el juez recoge una nueva adjudicación directa a Sinergia EDM. El administrador de esta empresa era Joan Herrera, coordinador nacional de ICV entre 2013 y 2016. Según Magro, tampoco en este caso se respetaron los principios de publicidad y concurrencia exigidos en la contratación pública.
El fiscal pidió el suplicatorio
La resolución también recoge que Félix Alonso declaró voluntariamente el 15 de junio, después de la apertura de la causa en el Supremo. Posteriormente, el fiscal pidió el suplicatorio al Congreso el 2 de julio, mientras que la defensa del diputado solicitó que no se elevara.
El magistrado considera, sin embargo, que los indicios acumulados hacen imprescindible pedir autorización a la cámara baja para continuar avanzando en la investigación. Según el instructor, la fórmula del contrato menor se habría utilizado para “eludir la aplicación” de la legislación estatal en materia de contratación administrativa.
Ahora será el Congreso quien deberá decidir si concede el suplicatorio y permite al Supremo actuar contra el diputado.