El Tribunal Supremo ha abierto una causa contra el diputado de los Comuns en el Congreso Fèlix Alonso por un presunto delito de prevaricación administrativa vinculado a la adjudicación de contratos cuando era alcalde de Altafulla entre los años 2011 y 2019. El alto tribunal ha designado como juez instructor al magistrado Vicente Magro y actúa de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, después de que un juzgado de El Vendrell elevara una exposición razonada el pasado 26 de diciembre por el hecho de que Alonso está aforado.
Según el auto, el Supremo considera que Alonso habría utilizado de manera reiterada la figura del contrato menor para adjudicar servicios de forma directa, evitando los requisitos de publicidad y concurrencia. El tribunal apunta que esta práctica habría permitido una “elección arbitraria” de los adjudicatarios y habla de un posible “fraccionamiento de contratos” para esquivar los límites legales.
Los magistrados señalan que hay suficientes indicios para investigar un delito de prevaricación administrativa y no descartan que, a medida que avance la instrucción, puedan aparecer otras posibles irregularidades vinculadas a la facturación de los servicios contratados.
Contratos bajo sospecha
La investigación se centra especialmente en las relaciones con dos empresas: Milà Advocats SLP y Sinergia Energia Dret i Medi Ambient SLP. En el caso de Sinergia, el Supremo destaca que se formalizaron servicios sin expediente administrativo ni informes justificativos, incluyendo la redacción de pliegos del casal la Violeta por 5.000 euros, de los cuales no consta documentación oficial a pesar de que sí se pagó la factura.
También se detalla un contrato menor de asesoramiento jurídico con facturación mensual durante un año, que se amplió con diversas facturas fuera de contrato. En total, estas operaciones habrían supuesto más de 25.000 euros, además del IVA correspondiente.
En cuanto a Milà Advocats, el tribunal apunta que se estableció un contrato menor que, a pesar de tener una duración limitada, se prolongó en el tiempo con facturas emitidas sin cobertura contractual durante tres años. Estas ascendían a más de 31.000 euros, a los que se añaden otros importes cobrados también sin contrato formal.
Posible ampliación de la investigación
El Supremo subraya que estas prácticas podrían haber ido más allá de una simple irregularidad administrativa y abre la puerta a investigar otros delitos en función de cómo evolucione la instrucción.
Además, recuerda que un informe de la Oficina Antifraude ya había advertido que estas adjudicaciones no respetaban los principios de libre concurrencia e igualdad de trato, y que era necesario haber tramitado los contratos por procedimientos reglados.
Con la apertura de la causa, el caso entra ahora en fase de instrucción bajo la supervisión del Tribunal Supremo, que deberá determinar si los indicios se traducen en responsabilidades penales.
