El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión ha dado por completadas todas las actuaciones de accesibilidad previstas en el Camp de Tarragona financiadas con fondos europeos Next Generation EU. En total, se han destinado 1.216.811 euros para adaptar equipamientos y servicios públicos para que sean más accesibles para todos, especialmente para las personas con discapacidad o movilidad reducida.
Las inversiones han llegado a espacios muy diversos: juzgados, equipamientos culturales, residencias de ancianos, sedes municipales —sobre todo en pueblos pequeños—, escuelas y centros residenciales o diurnos para personas con discapacidad. El objetivo ha sido claro: que niños, jóvenes y adultos puedan utilizar espacios que hasta ahora les eran parcial o totalmente vetados.
En el conjunto de la veguería se han ejecutado 52 actuaciones, repartidas en tres grandes bloques:
- Entidades sociales del tercer sector: 16 proyectos, con una inversión de 165.288 €, para mejorar la accesibilidad en servicios gestionados por asociaciones y fundaciones.
- Generalitat de Catalunya: 17 intervenciones en equipamientos y servicios públicos de titularidad propia, con un importe de 988.350 €.
- Ayuntamientos y mundo local: 19 actuaciones en espacios municipales, que han contado con 63.172 € de financiación.
Las obras no se han limitado a eliminar barreras arquitectónicas. Además de ascensores, rampas, plataformas o lavabos adaptados, también se han incorporado mejoras en accesibilidad comunicativa, como señalización visual y táctil, bucles magnéticos para personas con prótesis auditivas, materiales en lectura fácil o soportes digitales accesibles, con la voluntad de que la información llegue a todo el mundo
Entre las intervenciones más destacadas en el Camp de Tarragona se encuentran, por ejemplo, la instalación de tres ascensores en la escuela Antoni Torroja i Miret de Vila-seca, con una inversión de 118.135 €, o la construcción de una plataforma, una rampa y la sustitución de cinco ascensores en el Palacio de Justicia de Tarragona, con un coste de 429.246 €.
La consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha detallado este balance en el marco del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad, celebrado este martes en la sede del Departamento. Desde este órgano se ha puesto en valor que estas actuaciones se enmarcan en una estrategia mucho más amplia de transformación de los servicios sociales, financiada con más de 400 millones de euros de fondos Next Generation EU.
Además de la accesibilidad, estos recursos europeos cubren líneas como la construcción y reforma de equipamientos sociales, proyectos tecnológicos para mejorar la atención a las personas y la gestión de los servicios, iniciativas de innovación social y programas específicos para infancia, adolescencia y juventud.
Con este paquete de inversiones, el Departamento quiere reforzar el compromiso con un país más justo, inclusivo y accesible, donde los espacios públicos y los servicios esenciales estén realmente adaptados a la diversidad de la ciudadanía.