El grupo parlamentario de los Comunes ha aprovechado la última sesión de control del Parlamento de Cataluña para evidenciar el abandono de la inversión pública del Gobierno de Illa en la atención a las personas mayores en situación de dependencia y haciendo patente la falta de inversión para hacer frente al problema de las listas de espera y la falta de plazas de residencia públicas. Lo ha hecho poniendo como ejemplos diferentes casos del territorio catalán como Manresa, Vic, Mataró, Terrassa o Reus.
En su intervención, la diputada Núria Lozano preguntó a la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mónica Martínez Bravo sobre la situación de las obras de mejora de la residencia ICASS de Reus que lleva un año cerrada por déficits estructurales, así como por el compromiso de invertir 14 millones de euros en su rehabilitación que aún no se ha materializado. Lozano ha recordado que la Asociación Residencia Gent Gran de Reus Reobertura 100% Pública ha recogido 12.000 firmas para exigir acabar con la dejadez del ejecutivo. "¿Por qué tanta prisa en sacar a la gente si no hacen nada para mantener una residencia 100% pública? ¿Qué han hecho con los 14M presupuestados?", inquirió la diputada, quien ha reprochado a la consejera "el desarraigo y la dificultad para recibir visitas".
La atención a la dependencia, una prioridad
Con la pregunta de la diputada de Comunes al Gobierno, el grupo parlamentario quiere hacer seguimiento del acuerdo de investidura donde entre los compromisos adquiridos por parte del Gobierno está elaborado un Plan de mejora de la atención a la dependencia para reducir las listas de espera en los servicios residenciales, centros de día y atención domiciliaria, que incluye un mínimo de 6.000 nuevas plazas residenciales y de centro de día para gente a gente, personas con discapacidad y salud mental en esta legislatura.
Un acuerdo, que va tomando forma, ya que en las negociaciones por el tercer suplemento de crédito los Comunes consiguieron que el legislativo de Salvador Illa se comprometiera a crear las primeras 3.500 nuevas plazas de atención residencial en Cataluña movilizando hasta 200 millones de euros de inversiones entre recursos propios y líneas ICF para infraestructuras sociales en Cataluña.
