Los agricultores han vuelto a salir con los tractores a las carreteras, y no es la primera vez. Lo hacen para denunciar un malestar profundo ante unos problemas estructurales que el sector arrastra desde hace tiempo y porque tienen la sensación de que se les oye, pero que no se les escucha. Se alzan porque saben que lo que se decide hoy puede condenarles mañana
Ahora, el motivo principal es por el acuerdo del Mercosur pero, ¿qué implica este tratado? Hablamos de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y varios países de América del Sur, como Brasil, Argentina, Uruguay o Paraguay, que puede ser una oportunidad para algunos sectores, pero que, en su planteamiento actual, facilita la entrada masiva de productos agroalimentarios al mercado europeo. Dicho así puede parecer positivo a corto plazo, pero las consecuencias pueden ser graves, especialmente para el campesinado
Cuando entran productos producidos con costos laborales mucho más bajos (con condiciones laborales que no son equiparables a las que se exigen aquí), y con exigencias sanitarias y ambientales diferentes, el resultado es una competencia claramente desigual. En la práctica, esto se traduce en precios en origen a la baja y aquí, un sector cada vez más ahogado con explotaciones familiares en riesgo. Pero el impacto no es solo económico. También abre un debate sanitario de fondo: si aceptamos alimentos producidos con controles menos estrictos, ¿cómo justificamos las exigencias que imponemos aquí? ¿Es que no son necesarias? ¿O la salud puede quedar en segundo plano cuando entran en juego intereses comerciales?
Juntos en el Parlament de Catalunya y en la Paeria de Lleida -con una moción que presentaremos en el próximo Pleno del Ayuntamiento- defendemos una posición clara ante el acuerdo con el Mercosur: oponernos al acuerdo actual y exigir su renegociación. No se trata de cerrarnos al mundo, sino de exigir una reciprocidad real: mismas normas, mismas exigencias y protección efectiva de las denominaciones de origen. Pero esta batalla se juega en un marco desfavorable. Sin un Estado con voz propia en Europa, quedamos en manos de negociaciones hechas desde Madrid, a menudo de espaldas al territorio, mientras el Govern de la Generalitat no se impone con la fuerza necesaria para defender un sector clave como el campesinado.
A la preocupación por este acuerdo se añade una realidad que se arrastra desde hace tiempo: una burocracia asfixiante y unos precios injustos que no cubren costes. La situación se agrava con el descontrol de la fauna cinegética, que daña cosechas y genera problemas sanitarios. Y, en este contexto, se les exige que se modernicen para ser más sostenibles y competitivos, pero sin que estas mejoras se consideren estructuras de país. El caso del Canal d'Urgell es un ejemplo claro: un planteamiento que traslada el coste casi íntegramente a los agricultores. Con este modelo, la modernización deviene inasumible, el futuro del sector queda en entredicho y el relevo generacional se hace, sencillamente, muy difícil
En definitiva, el campesinado está cansado de promesas y de soluciones a medias; de ser considerado estratégico en los discursos pero relegado cuando llegan las decisiones importantes; y de acabar convirtiéndose en moneda de cambio en grandes acuerdos comerciales.
El 17 de enero se celebra la festividad de San Antonio Abad, una fecha arraigada en todos nuestros pueblos y ciudades. Y lo es porque nuestro territorio tiene una base rural muy marcada, porque la relación con la tierra y con los animales forma parte del día a día y porque el campesinado continúa siendo un elemento central de nuestra economía y de nuestra manera de vivir.
La Huerta de Lleida y el conjunto de las comarcas son espacios de producción, pero también paisaje, economía e identidad. Preservarlos significa defender el campesinado que los hace posibles pero también, apostar por un modelo que fija la población y da vida al territorio.