La menor de 14 años vendida en Cataluña por 5.000 € dice que no es víctima: Todos en libertad

Tanto la familia de la chica, que la vendió por 5.000 € y whisky; como los compradores —dos padres y su hijo de 21 años para casarse con ella— están en libertad

09 de noviembre de 2025 a las 12:33h

El caso del matrimonio forzado de una menor de 14 años vendida por sus padres a cambio de 5.000 euros, cinco botellas de whisky y alimentos básicos da un nuevo giro. Según ha avanzado RAC1 y ha confirmado el Departamento de Derechos Sociales, la chica ya no se encuentra bajo la protección de la Generalitat después de que haya declarado ante la justicia y asegurara que no se considera víctima.

Fuentes de la Guardia Civil, uno de los cuerpos policiales que se han hecho cargo de la investigación, han confirmado que los cinco detenidos han quedado en libertad. Entre ellos se encuentran los padres de la menor, arrestados en Corella (Navarra), y los presuntos compradores, localizados en Mollerussa (Pla d’Urgell): un joven de 21 años —con quien la niña se habría casado siguiendo el ritual romaní— y los padres del chico, de 40 y 42 años.

El supuesto matrimonio no tiene validez civil, pero sirvió como base para la denuncia por tráfico de seres humanos, matrimonio forzado y mendicidad infantil. La Guardia Civil puso a disposición del juzgado de Tudela (Navarra) a los padres de la menor, mientras que los Mossos d’Esquadra trasladaron a los tres detenidos de Mollerussa al juzgado de Lleida.

El caso salió a la luz en octubre, cuando la joven fue localizada mendigando delante de un supermercado en Les Borges Blanques. En ese momento, la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) asumió su tutela temporal, que ahora ha sido levantada tras su declaración judicial.

La consejera de Igualdad y Feminismos, Eva Menor, condenó este sábado los hechos y destacó que “el sistema de prevención ha funcionado”. Menor remarcó que Cataluña actúa con contundencia ante cualquier vulneración de derechos humanos y que el caso “demuestra la coordinación de los servicios sociales y policiales para detectar situaciones de riesgo”.

A pesar de la complejidad del caso, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si hay suficientes indicios para reabrir la tutela de la menor o emprender nuevas acciones judiciales.