El Grupo Municipal de Esquerra Republicana se ha abstenido en el Pleno extraordinario de ordenanzas fiscales para 2027 después de que el gobierno del PSC haya rechazado incorporar su propuesta para aplicar los máximos recargos legales del IBI a las viviendas permanentemente vacías y sin causa justificada.
Los republicanos han defendido que Lleida necesita una política fiscal más comprometida con el derecho a la vivienda, que combine incentivos para ampliar la oferta asequible con medidas efectivas para movilizar los pisos desocupados.
La portavoz de ERC, Jordina Freixanet, ha lamentado que el alcalde Fèlix Larrosa haya dejado pasar la oportunidad de dotar al Ayuntamiento de más instrumentos para intervenir en el mercado de la vivienda.
"Hoy no discutíamos solo de impuestos. Discutíamos si la Paeria está dispuesta a utilizar todas las herramientas que tiene para facilitar el acceso a la vivienda. Le hemos propuesto una medida concreta, legal y con garantías, y ha preferido dejarla en el cajón. Lleida no necesita más excusas para no actuar."
Movilizar los pisos vacíos, una asignatura pendiente
ERC ha planteado una enmienda para adaptar la ordenanza del IBI a los nuevos máximos legales del recargo sobre las viviendas permanentemente desocupadas sin justificación, incorporando las posibilidades que ofrece la normativa estatal aprobada este octubre, especialmente en los municipios declarados zona de mercado residencial tensionado.
La propuesta prevé actuar con las garantías legales correspondientes, respetando las causas justificadas de desocupación y los procedimientos de audiencia y acreditación. ERC defiende que el objetivo no es penalizar indiscriminadamente la propiedad, sino incentivar que las viviendas que se mantienen vacías de manera injustificada puedan incorporarse al mercado residencial.
El grupo republicano recuerda que esta herramienta ya está prevista en la fiscalidad municipal, pero considera que el gobierno no se ha avanzado nada durante este mandato. Según los datos expuestos por ERC, las últimas declaraciones municipales de pisos desocupados de las que tiene constancia corresponden a octubre y noviembre de 2022, durante la alcaldía de Miquel Pueyo, y afectaban a 19 viviendas de Gramina Homes SL.
"Hace años que tenemos instrumentos para actuar y no los utilizamos. El gobierno habla de grandes proyectos, de nuevas viviendas y de colaboración público-privada, pero sigue sin intervenir sobre los pisos que ya existen y se mantienen vacíos injustificadamente durante años y años", ha señalado Freixanet.
La portavoz republicana ha remarcado que construir más vivienda es necesario, sobre todo vivienda pública y asequible, pero no es suficiente por sí sola. "Construir más, por sí solo, no resolverá el problema", ha advertido.
La contradicción del PSC: defender las medidas en Madrid y no aplicarlas en Lleida
Freixanet ha cuestionado que el PSC no quiera incorporar en las ordenanzas municipales las posibilidades de intervención que el mismo gobierno socialista del Estado ha impulsado a través de los nuevos decretos de vivienda.
"El señor Larrosa no puede aplaudir a Pedro Sánchez cuando defiende estas medidas y asumir los argumentos de Míriam Nogueras cuando le pedimos que las aplique en Lleida. No se puede ser muy de izquierdas en Madrid y encogerse de hombros cuando toca tomar decisiones aquí. La coherencia se demuestra proponiendo, actuando y votando", ha afirmado.
ERC también ha cuestionado el balance de vivienda del gobierno municipal y ha recordado que algunos de los proyectos que ahora presenta como propios ya estaban en marcha durante el mandato anterior. Es el caso de las 25 viviendas de Sostre Cívic, con el derecho de superficie firmado en julio de 2022, y del acuerdo de financiación de las 175 viviendas de Magraners y Ciutat Jardí, anunciado en abril de 2023.
Los republicanos reclaman que el gobierno diferencie entre las viviendas anunciadas, los proyectos en tramitación y los pisos efectivamente acabados y ocupados.
"No se trata de competir por ver quién anuncia más viviendas. Se trata de saber cuántas familias tienen hoy una casa gracias a las políticas municipales", ha señalado Freixanet.
La portavoz de ERC ha añadido que su grupo dará todo el apoyo posible a continuar con una política de vivienda que ofrezca vivienda pública, pero ha insistido en que hay que utilizar todas las herramientas disponibles y que el debate de este Pleno era precisamente el alcance de las políticas fiscales de la Paeria.
Una abstención por responsabilidad, no por conformidad
ERC ha justificado la abstención por la decisión del gobierno de presentar las ordenanzas en un único paquete, sin incorporar las enmiendas republicanas y vinculando la devolución de los importes de la tasa de la basura cobrados de más a la ciudadanía.
Freixanet ha recordado que ERC hace meses que exige esta compensación y que devolver el dinero correspondiente a un servicio que no se ha prestado en las condiciones previstas es una obligación del gobierno, no una concesión política.
"No aceptamos que se nos ponga entre la espada y la pared. No votaremos a favor de unas ordenanzas que consideramos insuficientes e injustas en materia de vivienda, pero tampoco queremos que el gobierno utilice el retorno del dinero de la basura para responsabilizarnos de un bloqueo. Nuestra abstención no es un aval a su política fiscal", ha afirmado.
La portavoz republicana ha concluido que la política de vivienda será una de las principales prioridades de ERC y ha defendido que la Paeria debe ejercer todas las competencias y posibilidades legales de las que dispone para facilitar el acceso a una vivienda digna.
"No le pedimos al señor Larrosa que lo resuelva todo. Le pedimos que haga todo lo que puede. Y hoy ha decidido no hacerlo y dejarlo en el cajón. La valentía también se demuestra cuando toca tomar decisiones sobre la vivienda en Lleida", ha concluido Freixanet.
ERC impulsa una denuncia conjunta del retroceso democrático en el Pleno
Paralelamente, ERC ha impulsado una nota conjunta con PP, Junts y el Comú para denunciar el retroceso democrático que, según los cuatro grupos, representa limitar las enmiendas a los apartados de las ordenanzas que el gobierno ha decidido modificar. Este criterio ha impedido debatir y votar propuestas, entre ellas las referidas a los pisos vacíos.
A pesar de las diferencias políticas y el sentido del voto, los cuatro grupos defienden el derecho de enmienda y valoran si impugnan las votaciones.
"Hemos impulsado esta respuesta porque el Pleno no se puede limitar a decir sí o no al gobierno: los concejales deben poder hacer propuestas y debatirlas. Está convirtiendo cada Pleno en un espectáculo dantesco donde cada vez se esgrimen argumentos diferentes para limitar los derechos democráticos de los concejales", ha afirmado Freixanet.
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