El PSC aprueba las ordenanzas fiscales de Lleida para el 2027 con la abstención de Junts y ERC

El gobierno municipal del PSC ha aprobado este martes la modificación de las ordenanzas fiscales de Lleida para el 2027 con 9 votos a favor, 10 abstenciones de Junts y ERC y 8 votos en contra de PP, Vox y el Comú de Lleida. La propuesta mantiene congelados los principales impuestos y tasas municipales e incorpora un nuevo paquete de bonificaciones vinculadas a la vivienda, la rehabilitación y los equipamientos sociales.

Uno de los principales elementos de la modificación es precisamente la apuesta del gobierno por utilizar los incentivos fiscales para favorecer el aumento de la oferta de vivienda asequible, en lugar de incorporar nuevos mecanismos de penalización sobre los pisos vacíos. El debate ha evidenciado dos visiones diferenciadas entre los grupos municipales sobre las políticas de vivienda.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha defendido después del pleno que la experiencia de los últimos años demuestra, según su criterio, que las medidas de penalización no han servido para dinamizar el mercado. “Durante mucho tiempo hemos estado penalizando” sin conseguir dinamizarlo “ni a favor del alquiler ni de otras soluciones”, ha afirmado. Por ello, el gobierno apuesta ahora por combinar incentivos fiscales, facilidades para la construcción y colaboración publicoprivada.

Larrosa ha asegurado que la estrategia municipal en materia de vivienda “es muy clara” y ha recordado que el Ayuntamiento trabaja en diferentes vías para habilitar nuevos solares, incluyendo expropiaciones, delimitación de sectores, compra de suelo y desarrollo de nuevos ámbitos residenciales.

Según los datos aportados por el alcalde, en Lleida hay actualmente unos 600 viviendas vacías registradas, mientras que el gobierno municipal prevé conceder licencias para 400 nuevas viviendas antes de acabar el año.

Bonificaciones de hasta el 95% en vivienda y rehabilitación

El paquete fiscal aprobado incorpora diversas bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). En el caso de las viviendas de protección oficial (VPO), se fija una reducción del 50% del IBI durante un máximo de seis años. Para los inmuebles destinados al alquiler a renta limitada, la bonificación podrá llegar al 95% del IBI.

En materia de alquiler social, la propuesta establece una bonificación del 95% del ICIO para la construcción de viviendas en régimen especial destinadas al alquiler durante un período mínimo de cinco años.

También se amplían las bonificaciones vinculadas a la rehabilitación urbana. Las medidas, hasta ahora concentradas principalmente en el centro histórico, se extienden a toda la primera corona urbana, mientras que se introduce una bonificación general del 75% para rehabilitaciones en toda la ciudad. En las zonas consideradas prioritarias, esta reducción podrá llegar hasta el 95%.

El gobierno también prevé bonificaciones de hasta el 95% del ICIO para obras en equipamientos destinados a personas con discapacidad o en situación de riesgo de exclusión social, así como reducciones del 95% del IBI y el ICIO para actuaciones destinadas a alojamientos para trabajadores temporeros.

ERC y el Comú reclaman actuar contra los pisos vacíos

Las medidas han recibido el apoyo parcial de los grupos de la oposición, pero el principal desacuerdo ha aparecido en relación con la posibilidad de aplicar recargos a las viviendas vacías y a los grandes tenedores.

La portavoz del Comú de Lleida, Laura Bergés, ha calificado la propuesta de “muy corta”. A pesar de valorar positivamente las bonificaciones para la vivienda asequible y la rehabilitación, ha reclamado que estas medidas se complementen con recargos fiscales a los grandes tenedores y multipropietarios que mantengan viviendas vacías sin causa justificada.

En una línea similar, la portavoz de ERC, Jordina Freixanet, ha defendido la incorporación de los mecanismos previstos en la normativa estatal de vivienda para poder aplicar recargos a los inmuebles desocupados de forma permanente durante más de dos años cuando sean titularidad de personas o entidades con cuatro o más propiedades.

Freixanet ha reprochado al gobierno que, después de tres años y medio de mandato, no se haya aprobado ningún decreto de declaración de vivienda vacía ni se haya sancionado a ningún gran tenedor desde finales de 2022. ERC reclama una “caja de herramientas legales” que combine construcción pública, incentivos fiscales e intervención sobre el parque de viviendas vacío.

Junts defiende la propiedad privada

Junts, que se ha abstenido en la votación, ha coincidido con el gobierno en el rechazo a una política basada principalmente en penalizaciones. La portavoz del grupo, Violant Cervera, ha defendido el derecho a la propiedad privada y ha advertido de los efectos que pueden tener las “penalizaciones indiscriminadas” sobre las viviendas vacías.

Cervera ha considerado que determinadas medidas fiscales punitivas pueden generar “inseguridad jurídica” y acabar reduciendo la oferta de pisos de alquiler, y ha apostado porque la administración genere confianza entre los propietarios para facilitar que las viviendas lleguen al mercado.

El PP, en cambio, ha votado en contra de unas ordenanzas que considera “continuistas”. El portavoz popular, Xavier Palau, ha remarcado que congelar los impuestos no implica necesariamente una reducción de la presión fiscal para las familias y ha lamentado el rechazo de sus propuestas para apoyar a autónomos, pequeñas y medianas empresas y pensionistas.

Palau también ha criticado la gestión de las subvenciones europeas para la rehabilitación de edificios y, sobre la tasa de residuos, ha defendido que el retorno de los importes recaudados por encima de lo previsto es una obligación de la administración y no una concesión política.

Vox también ha rechazado las ordenanzas. Su concejala, Gloria Rico, ha denunciado que el grupo había sido “excluido” de las conversaciones previas y ha defendido una rebaja lineal del 4% del IBI, como otras modificaciones fiscales. El grupo también se ha opuesto a las bonificaciones del 95% vinculadas a los alojamientos para trabajadores temporeros extranjeros.

Con la aprobación de las ordenanzas, el gobierno del PSC consolida para el 2027 una política fiscal basada en la congelación de los tributos y en el uso de las bonificaciones como herramienta para incentivar la vivienda asequible, mientras el debate sobre si es necesario intervenir fiscalmente sobre los pisos vacíos continúa abierto en el consistorio.