El acceso a una vivienda digna se mantiene como uno de los principales retos sociales en la demarcación de Girona, según pone de manifiesto el informe Vivienda protegida y social en la demarcación de Girona, elaborado por las investigadoras Dolors Canals y Elena del Rey dentro del marco de la Cátedra de Vivienda Pere Bahí de la Universitat de Girona (UdG).
Según este estudio, la provincia ha experimentado un incremento poblacional sostenido, superior al 10% entre los años 2015 y 2024, superando así la media catalana. En los últimos 25 años, el número de habitantes ha aumentado en un 50%, con períodos especialmente intensos entre 2003 y 2005. Esta tendencia se ha mantenido durante la última década gracias principalmente a la llegada de inmigrantes
Además, el estudio destaca que los hogares formados por una o dos personas han crecido más rápidamente que otros tipos familiares, hecho vinculado directamente a el envejecimiento progresivo de la población. Esta dinámica acentúa el desajuste entre el volumen poblacional y la oferta disponible de viviendas.
Disminución del parque de vivienda protegida
Por otro lado, el número de viviendas protegidas registra una tendencia decreciente debido a que las descalificaciones superan las nuevas construcciones. Actualmente, este tipo de vivienda representa solo el 1,81% del total del parque inmobiliario gerundense, cifra inferior respecto a la media catalana situada en un 2,49%. Si se consideran exclusivamente las viviendas principales, este porcentaje se eleva hasta el 3,1%, muy cercano al conjunto catalán (3,18%).
El análisis territorial evidencia una concentración desigual de las viviendas protegidas: mientras que el Gironès acoge el 31% del parque a pesar de contar con solo un 26% de la población provincial, comarcas como la Garrotxa presentan una proporción relativa elevada. En cambio, la Selva muestra un notable déficit, ya que dispone solo del 16% de las viviendas protegidas a pesar de representar el 23% de los habitantes.
El informe subraya que la suspensión de las ayudas estatales destinadas a promover viviendas en venta en 2013 provocó una caída significativa en la construcción. Sin embargo, se ha observado una recuperación leve desde 2020 hasta 2024 impulsada por cooperativas locales, promotores sociales y fondos europeos Next Generation
En 2024 destaca especialmente el Baix Empordà con 40 viviendas protegidas finalizadas, mientras que las viviendas iniciadas crecieron considerablemente en el Gironès (98 unidades) y la Selva (86 unidades).
Crecientes demandas con cobertura insuficiente
De acuerdo con datos extraídos del Registro de Solicitantes de Vivienda con Protección Oficial (HPO), se constata un aumento destacado en las demandas registradas en el Gironès tanto en valores absolutos como relativos. Contrariamente, zonas como el Alt Empordà o Pla de l’Estany han experimentado una reducción en estas solicitudes a pesar de registrar incrementos poblacionales recientes.
Este fenómeno podría responder a transformaciones socioeconómicas de los nuevos residentes o bien reflejar la escasez existente de oferta adecuada para satisfacer esta demanda creciente
El estudio también pone énfasis sobre el registro específico dedicado a las viviendas vacías procedentes principalmente de ejecuciones hipotecarias propiedad de entidades financieras u otras personas jurídicas. Esta base representa un instrumento clave que permitiría a los ayuntamientos impulsar acciones encaminadas a incrementar la oferta pública mediante mecanismos orientados al fomento del alquiler social.
Falta estructural y complejidad normativa actuales
Desde esta perspectiva global, queda claro que la insuficiencia cuantitativa y cualitativa de las viviendas sociales constituye un problema estructural endémico que no ha podido ser revertido a pesar de diversas reformas legislativas implementadas recientemente. La excesiva proliferación terminológica relacionada con categorías diversas dentro del ámbito de la vivienda social complica considerablemente tanto la formulación como también la aplicación efectiva de políticas públicas específicas. Además, los procesos administrativos vinculados a los trámites urbanísticos continúan siendo excesivamente largos e intrincados.
Ante esta realidad compleja, pero ineludible, las autoras proponen implementar medidas orientadas a optimizar los instrumentos existentes: simplificación y coordinación de los planes urbanísticos vinculados a los proyectos residenciales; establecimiento de mecanismos rigurosos para supervisar su ejecución; refuerzo significativo de los recursos presupuestarios destinados exclusivamente a los programas de vivienda protegida; así como clarificación terminológica para facilitar tanto su comprensión pública como administrativa.
