El Consejo Ejecutivo ha aprobado la memoria preliminar del Anteproyecto de ley de financiación local de Cataluña. El ejecutivo prevé que, una vez superados todos los trámites, se convierta en norma de obligado cumplimiento y resuelva "la situación de déficit presupuestario de los entes locales". La ley establece la incorporación de "mecanismos de flexibilidad" que adapten el modelo de financiación a las necesidades territoriales y modificar el fondo de cooperación local para incorporar criterios de distribución para una mayor equidad. Según el Gobierno, la actual ley estatal de 2004 "no responde a las necesidades actuales de los entes locales para dar cobertura a servicios sociales y educativos de prestación no obligatoria, ni tampoco el incremento de determinados gastos fijos".
La nueva norma también quiere regular la colaboración de las entidades locales y el ejercicio de la tutela financiera a través de la coordinación entre diputaciones provinciales, consejos comarcales, el Ayuntamiento de Barcelona, el Conselh Generau d’Aran, las entidades municipales descentralizadas y las entidades municipalistas; regular la estructura de los presupuestos y de los planes de cuentas de las entidades locales; y finalmente establecer las bases sobre la asistencia y cooperación de los gobiernos locales en la gestión, recaudación e inspección de sus tributos y otros ingresos de derecho público.
Según el Gobierno, la situación que viven viene derivada por "múltiples factores". Por un lado, la necesidad actual de dar cobertura a servicios sociales, educativos y sanitarios que no son de prestación obligatoria, y por otro, el incremento de determinados gastos como el precio de la energía o los aumentos salariales del personal aplicados con carácter retroactivo. Además, según apunta el ejecutivo de Salvador Illa, se le suma la reducción de ingresos relevantes como la plusvalía municipal o las restricciones en la normativa presupuestaria que pone limitaciones en el uso de los remanentes de tesorería. Este hecho supone que el mundo local sea "el más perjudicado" en el reparto de los límites de déficits impuestos por el Estado, ya que, a diferencias de otros, no pueden cerrar sus presupuestos con déficit.
La actual ley estatal de financiación local establece que los ingresos de los municipios proceden de dos fuentes: los tributos pagados por los ciudadanos y las transferencias procedentes de otros organismos. En el caso de la Generalitat, el apoyo financiero que da al ámbito local se realiza a través de la participación en algunos tributos, en la asignación de recursos a través del Fondo de Cooperación Local que se distribuye anualmente con la Ley de Presupuestos y en programas como el Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña (PUOSC).
El Govern abrirá un proceso de participación, a través del portal Participa.cat, para recoger la opinión de la ciudadanía, así como dará difusión a la consulta por las entidades interesadas a través del portal MUNICAT (página web propia de la Dirección General de la Administración Local), de las redes sociales y de EACAT (la extranet de las administraciones públicas catalanas) antes de elaborar el anteproyecto de ley de financiación local. Para facilitar la participación, se abrirá un período de consulta pública de un mes.
