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El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat tiene previsto adquirir la finca donde este miércoles se conoció el suicidio de un hombre que tenía una orden de desahucio del local donde desarrollaba su negocio. El edificio forma parte de un conjunto de cinco fincas, con un total de 148 pisos, propiedad de una misma inmobiliaria que quiere venderlas a un fondo inversor. Según el consistorio, las otras cuatro fincas del conjunto están construidas en los años 60.
El consistorio ejercerá ahora el derecho de tanteo y retracto para incorporar los inmuebles al parque de vivienda pública. En un comunicado, el Ayuntamiento asegura que hace meses que trabaja en esta operación y que prevé destinar 27 millones de euros, a la espera de la tasación definitiva.
Según ha explicado el alcalde, David Quirós, el objetivo es que estos pisos continúen siendo viviendas para familias de la ciudad y no acaben en el mercado especulativo. “Hace meses que trabajamos en ello porque queríamos que estos pisos continuaran siendo hogares para familias de L'Hospitalet y no acabaran en el mercado especulativo. Teníamos la herramienta, hemos encontrado la financiación y no lo hemos dejado pasar”, ha afirmado.
Compra por fases y protección de los contratos
La intención del gobierno municipal es financiar la operación con el remanente de tesorería del 2025. El martes se celebrará un pleno extraordinario para aprobar una modificación de crédito y poder utilizar este dinero. Después se abrirá el período de exposición pública, se licitará la tasación de los pisos y, más adelante, la Junta de Gobierno Local tendrá que aprobar el ejercicio del derecho de tanteo para formalizar la compra.
El ejecutivo prevé adquirir dos o tres edificios este mismo 2026 y completar el resto durante el 2027, aunque el compromiso inicial es alrededor de las cinco fincas desde el primer momento. El Ayuntamiento ha detallado que los 148 pisos y los locales quedarán calificados como vivienda de protección oficial y que se velará por la continuidad de los alquileres actuales.
Según el consistorio, todos los contratos serán subrogados, incluidos los de renta antigua, “con los mismos derechos y obligaciones”. Cuando alguno de los pisos quede vacío, pasará a formar parte de la bolsa de alquiler asequible.
El caso del hombre muerto y el proceso de desahucio
Fuentes municipales han indicado que el hombre vivía en el barrio de Bellvitge y que el local donde tenía el negocio era en la calle Martí Blasi, en la zona del Samontà. El cuerpo apareció este miércoles dentro del local, después de que un vecino sospechara porque la persiana había estado medio subida desde el día anterior.
Las mismas fuentes, consultadas por la ACN, apuntan que el Ayuntamiento ha sabido a raíz del suceso que el hombre tenía un aviso de desahucio del local, del cual hacía más de dos años que no pagaba el alquiler. El gobierno municipal insiste en que no lo había detectado antes porque no había acudido ni a los Servicios Sociales ni a Gornal Activa, el servicio municipal de apoyo a los pequeños emprendedores.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado que los juzgados civiles de L'Hospitalet tenían abierta una causa por impago del local. Según la información facilitada, en enero del 2025 la propiedad lo denunció porque hacía ocho meses que no abonaba el alquiler y, en diciembre de ese mismo año, el juez admitió la demanda.
Fuentes judiciales han añadido que en mayo del 2026 se le notificó personalmente la denuncia y que “en ningún momento presentó ningún escrito de oposición”. Ante la falta de recurso, el juez cerró la causa y en junio se le comunicó que el desahucio estaba previsto para el 5 de octubre. “No consta solicitado ningún aplazamiento ni ninguna otra petición”, sostiene el TSJC.
ERC reclama información al gobierno municipal
En paralelo, el grupo municipal de ERC ha hecho público un comunicado en el que reclama explicaciones al gobierno local para conocer el detalle de la operación y el alcance de la información que tenía sobre el caso. La formación considera que el Ayuntamiento está “obligado” a aclarar qué sabía sobre el aviso de desahucio antes de llevar al pleno la aprobación de los 27 millones de euros.
“Si el Ayuntamiento ya estaba negociando con esta propiedad la compra del edificio, ¿qué hizo para evitar el desahucio?”, ha preguntado el jefe de la oposición, Jaume Graells, que asegura que el consistorio dispone de “mecanismos” para intervenir en situaciones de vulnerabilidad como esta.
