Este domingo ha entrado en vigor la reforma en profundidad de la Ordenanza de convivencia de Barcelona con el objetivo de adaptarla a una sociedad más plural, diversa y con un uso cada vez más intensivo del espacio público. El nuevo texto introduce cambios sustanciales en el régimen sancionador, amplía el catálogo de conductas infractoras, refuerza los mecanismos de cobro y apuesta también por medidas sociales y preventivas para favorecer la convivencia.
La reforma nace en un contexto marcado por el aumento de quejas vecinales vinculadas al ruido, el consumo de alcohol en la calle, las micciones en la vía pública y determinadas conductas incívicas que afectan a la calidad de vida en los barrios. Según el consistorio, el objetivo es equilibrar firmeza y pedagogía, combinando sanción, prevención y mediación.
Endurecimiento de sanciones y nuevos agravantes
Uno de los ejes centrales de la nueva ordenanza es el endurecimiento de determinadas sanciones y la incorporación de nuevos agravantes, especialmente en situaciones que afectan a colectivos vulnerables o espacios sensibles.
Entre las medidas más destacadas:
- Consumo de alcohol en espacios con presencia de menores: se tipifica como infracción agravada, con multas que pueden llegar hasta los 1.500 euros.
- Prohibición de rutas etílicas organizadas (los conocidos “pub crawls”): las sanciones pueden ascender hasta los 3.000 euros, especialmente cuando generen alteraciones graves de la convivencia.
- Micciones en zonas sensibles —como entornos escolares, equipamientos o espacios especialmente protegidos: multas de hasta 750 euros.
El gobierno municipal defiende que estas medidas responden a la necesidad de proteger a los menores y preservar la dignidad de los espacios compartidos, especialmente en zonas con alta presión turística o de ocio nocturno.
Nuevas conductas infractoras
La reforma amplía el abanico de comportamientos sancionables para adaptarse a nuevas realidades sociales y a problemáticas emergentes.
Entre las novedades:
- Promoción de pintadas no autorizadas, no solo su ejecución material.
- No diluir las micciones de animales en la vía pública, con sanciones de hasta 300 euros, una medida vinculada a las demandas de los servicios de limpieza y del vecindario.
- Conductas contra la libertad sexual y la dignidad de las personas en el espacio público, que pasan a estar explícitamente recogidas como infracciones.
Con esta ampliación, el Ayuntamiento quiere reforzar la protección de los derechos individuales y la calidad del espacio urbano, incorporando también situaciones que hasta ahora quedaban en una zona gris normativa.
La aporofobia, nuevo eje discriminatorio
Uno de los elementos más innovadores del texto es la incorporación explícita del concepto de aporofobia —el odio o desprecio hacia las personas sin recursos— como eje discriminatorio.
Esta inclusión equipara la aporofobia a otras formas de discriminación ya reconocidas, y permite actuar sancionadoramente ante conductas que atenten contra la dignidad de personas en situación de vulnerabilidad económica o exclusión social.
El consistorio subraya que la voluntad no es penalizar la pobreza, sino proteger a las personas que la sufren ante actitudes de acoso, humillación o exclusión.
Más eficacia en el cobro de sanciones
La reforma también refuerza los mecanismos de recaudación para garantizar que las sanciones sean efectivas. Actualmente, el nivel de cobro supera el 50 %, pero el nuevo texto quiere reducir los márgenes de impunidad.
Una de las medidas clave es la ampliación del cobro inmediato a todas las infracciones —leves, graves y muy graves— en el caso de personas no residentes. El objetivo es evitar que determinadas conductas queden sin consecuencias por dificultades en la tramitación posterior.
Este refuerzo del sistema sancionador se acompaña de una mejora en los circuitos administrativos para agilizar expedientes y reducir plazos.
Medidas sociales y alternativas a la sanción
A pesar del endurecimiento del régimen sancionador, la nueva ordenanza incorpora también una dimensión social y preventiva:
- Programas de mediación comunitaria.
- Alternativas a la sanción económica para personas vulnerables, con fórmulas adaptadas a su situación.
- Planes preventivos, como el despliegue de más lavabos públicos en zonas de alta concentración de personas.
Esta doble vía —firmemente sancionadora, pero con sensibilidad social— pretende garantizar que la norma no genere desigualdades añadidas y que contribuya realmente a mejorar la convivencia.
Participación pública y comisión de seguimiento
El texto definitivo incorpora el 34 % de las enmiendas presentadas durante la fase de exposición pública, un porcentaje que el gobierno municipal destaca como muestra de voluntad de diálogo.
Además, se ha creado una comisión de seguimiento bimestral con la participación de todos los grupos municipales para supervisar la aplicación efectiva de la nueva ordenanza e introducir ajustes si es necesario.
Este órgano deberá evaluar el impacto real de las medidas y hacer seguimiento tanto de los datos sancionadores como de los indicadores de convivencia en los barrios.
