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La CGT ha presentado una demanda ante los juzgados de lo social de Barcelona contra el Consorci de Biblioteques de Barcelona por haber suprimido, según el sindicato, una parte de las condiciones laborales y sindicales que se aplicaban hasta ahora a la plantilla.
La demanda reclama que se declaren nulas las medidas adoptadas por el Consorcio, que se restituyan íntegramente las condiciones eliminadas y que se reconozca la vigencia del acuerdo de adhesión de 2022 hasta que sea sustituido por un nuevo acuerdo negociado.
Derechos sociales, ayudas y compensaciones
Entre las condiciones que la CGT denuncia que se han dejado de aplicar se encuentran días de compensación por horarios especiales, derechos sindicales, ayudas y otros derechos sociales.
El sindicato considera que el Consorcio ha decidido de manera “discrecional” qué partes de los acuerdos colectivos mantiene y cuáles elimina. Según la CGT, esta actuación podría constituir una modificación sustancial de las condiciones de trabajo o, subsidiariamente, un descuelgue de convenio sin seguir los procedimientos legalmente establecidos.
El conflicto llega tras una huelga indefinida
La demanda se enmarca en un contexto de negociaciones bloqueadas, protestas y huelgas intermitentes. El Comité de Empresa recuerda que, ante la falta de acuerdo, convocó una huelga indefinida a finales de mayo.
Pocos días después, según la CGT, el Consorcio comunicó que daba por acabadas las negociaciones y posteriormente anunció que dejaría sin efecto parte de los derechos recogidos en el acuerdo anterior.
Por este motivo, el sindicato también denuncia una vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical en su dimensión de negociación colectiva. La demanda incluye una indemnización de 10.000 euros por estos hechos.
Aviso de la Sindicatura de Greuges
La CGT asegura que la Sindicatura de Greuges ya había instado al Consorcio a respetar la negociación colectiva y los acuerdos vigentes. Según el sindicato, también había advertido de que cualquier modificación de las condiciones de trabajo debía hacerse a través de los mecanismos de negociación previstos legalmente.
El sindicato carga contra lo que considera una retirada de derechos utilizada como herramienta de presión en una negociación colectiva. “Ninguna empresa, tampoco una administración o un ente público, puede usar la retirada de derechos como mecanismo de presión”, ha denunciado la CGT.
En el mismo comunicado, el sindicato defiende que “los derechos laborales no se negocian bajo coacción: se defienden y se garantizan mediante la acción sindical y la negociación colectiva”.
