El Ayuntamiento de Barcelona ha recaudado 287.031,26 euros del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) con las inspecciones a pisos turísticos y Vivienda de Uso Turístico (HUT). El consistorio ha abierto los primeros 20 expedientes del Plan de regularización fiscal en el sector turístico 2025-2028 y ha sumado este importe con 47 liquidaciones.
El teniente de alcaldía de Economía, Jordi Valls, ha defendido que “es una obligación de la administración pública velar para que la gente pague los impuestos que les toca” y ha justificado el foco sobre este ámbito “por el volumen de negocio” que genera. Valls ha explicado que la iniciativa prevé inspeccionar un total de 463 empresas que gestionan 2.281 viviendas de uso turístico (HUT) y 280 apartamentos.
Valls ha afirmado que la medida busca comprobar y corregir si las compañías que son “explotadoras de los apartamentos turísticos” tienen “los datos correctos” de este tributo, en el caso de que su facturación supere el millón de euros. El teniente de alcaldía ha señalado que dentro de las políticas públicas del turismo del consistorio ahora se ha optado por hacer “la gestión dentro del ámbito de la inspección”.
Este plan del Ayuntamiento de Barcelona está pensado para desplegarlo en tres fases. En la actual, que se alargará hasta 2026, ya se han iniciado procedimientos inspectores a 99 entidades que tributan por la actividad de viviendas de uso turístico, gestionando 1.300 HUT, y a tres empresas más que explotan 105 apartamentos turísticos. Finalmente, entre 2026 y 2028, se llevará a cabo la parte “más intensiva”, que incluirá negocios que actualmente no figuran como declarantes de actividad económica ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, pese a operar en el sector turístico.
La medida la ha desarrollado el Instituto Municipal de Hacienda (IMH), en colaboración con la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), y esto ha permitido examinar datos sobre viviendas de uso turístico, hoteles, apartamentos y albergues de personas jurídicas que han pagado el impuesto autonómico de estancia. Así, se han podido cruzar datos con las personas jurídicas censadas en epígrafes del IAE relacionados con el alquiler de inmuebles y el hospedaje. De este modo, se han identificado compañías que deberían tributar por actividades económicas relacionadas con el hospedaje, pero que no figuran como tales o que no pagan las cuotas correspondientes, analizando más allá de 2025, hasta los ejercicios al límite de la prescripción (2022).
Por otro lado, Valls ha aplaudido la obligación por ley, desde el pasado 1 de julio, de que los alojamientos turísticos que se ofrecen a Internet dispongan de número de registro oficial. “Ayudará para determinar que es una vivienda legal o no”, ha remarcado y ha asegurado que si el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 lo requiere les facilitará información “por si puede funcionar mejor”.