El consistorio barcelonés ha aprobado este viernes el nuevo Plan de Acción sobre Drogas y Adicciones 2025-2028, una herramienta que quiere reforzar la prevención y el tratamiento de las adicciones en la ciudad. La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables del PSC, Junts per Barcelona y ERC, mientras que BComú se ha abstenido y el PP y Vox han votado en contra.
El nuevo plan incluye medidas destacadas como la restricción de la publicidad de alcohol en los espacios públicos y en la red de Transportes Metropolitanos (TMB), la regulación del patrocinio de actividades municipales por parte de marcas alcohólicas y un incremento de las inspecciones a comercios de derivados del cannabis. También prevé más recursos de acompañamiento terapéutico, especialmente para las familias afectadas.
A pesar del apoyo de Junts per Barcelona, su concejala Maria Assumpció Laïlla ha criticado ciertas carencias del documento, afirmando que algunas propuestas son demasiado “estáticas” y que se echa en falta una memoria económica, así como “medidas para evaluar el resultado de las acciones que se plantean”.
Por su parte, Gemma Tarafa (BComú) ha justificado la abstención de su formación como forma de protesta por la “insuficiente” política de vivienda del gobierno y la falta de soluciones para los vecinos de Vallcarca. Sin embargo, ha reconocido que el plan tiene un carácter “continuista”.
Desde ERC, la concejala Eva Baró ha alertado sobre el incremento del uso de vapeadores y la “baja presencia femenina en las fases iniciales de los tratamientos”. También ha expresado el rechazo de los republicanos al “estigma que arrastran colectivos en situación de vulnerabilidad fruto de discursos de odio promovidos por la extrema derecha”, y ha cuestionado la presencia continuada de la feria del juego en la ciudad.
Los grupos del PP y Vox han votado en contra, con duras críticas al contenido del plan. El concejal popular Víctor Martí ha asegurado que “Barcelona no puede seguir siendo la capital de cannabis” y ha reclamado medidas más drásticas, como la prohibición de nuevos clubes cannábicos, el cierre de locales conflictivos y una planificación que aleje los centros de reducción de daños de las escuelas.
En una línea similar, Liberto Senderos (Vox) ha lamentado que el plan “no considera el consumo malo” y ha criticado el enfoque permisivo del texto. Ha propuesto sanciones por consumo de drogas en el espacio público, así como campañas específicas de prevención y más restricciones a los locales de consumo.
A pesar de las diferencias, el nuevo plan marca el inicio de una nueva etapa en la política de drogas en la ciudad, con el objetivo declarado de reducir riesgos y apoyar a los colectivos más afectados. Ahora, el reto será aplicar las medidas con eficacia y abordar las preocupaciones planteadas por parte de todos los grupos municipales.
