La alcaldesa Olga Morales se ha reunido con representantes de la empresa propietaria del solar donde estaba el Casino de Alba-rosa para conocer sus planes de futuro sobre este espacio, que son la construcción de una residencia para la tercera edad. La empresa, una sociedad participada por la constructora y promotora Rudrosa, ha adquirido la finca a la Sareb, en la calle de las Gardenias 22, en el barrio de Alba-rosa de Viladecans. El edificio, antiguo centro social privado y restaurante, había estado abandonado desde hace casi veinte años y, en últimos tiempos, ocupado ilegalmente. Finalmente, fue desalojado el 19 de junio por orden judicial, en una operación de los Mossos d’Esquadra y la Policía Local.
La primera acción de la nueva propiedad, planificada esperando la orden del juzgado para el desalojo, fue pedir la licencia de derribo del edificio, el 27 de junio. La segunda fue reunirse con la alcaldesa, el día 30 de junio, para informarla de su intención de destinar el solar a la construcción de un centro para la tercera edad. Según los promotores, será una residencia con capacidad para unas 80 personas, con centro de día, que contará con plazas concertadas con la Generalitat. La alcaldesa Olga Morales recibió la noticia con satisfacción, dado que “por fin se pone solución al futuro del equipamiento, con un uso publicoprivado de interés social, que responde a las necesidades de la ciudad”. Morales añadió que “la función de este nuevo equipamiento complementará sin duda los servicios que ofrece a la tercera edad el Casal de Alba-rosa”.
Desde que la cooperativa de vecinos del barrio vendió el centro lúdico con restaurante Casino de Alba-rosa, en 2006, a un privado, el edificio fue cerrado. Esta inactividad comenzó a mostrar una degradación importante en 2013, cuando el Ayuntamiento tramitó el primer expediente por el mal estado del muro perimetral. Después vinieron más informes negativos y denuncias, así como actuaciones puntuales de mantenimiento.
Al problema de la falta de actuaciones por parte de la propiedad, se sumó el de la ocupación ilegal que ha sufrido en diferentes períodos, siendo especialmente molesta para el vecindario la de los últimos meses, debido a los ruidos y disturbios que provocaban los habitantes ilegales del edificio. Durante los últimos dos años, el Ayuntamiento activó todos los servicios posibles para controlar y realizar seguimiento de la situación. Concretamente, en un primer momento, estableció un dispositivo estable de vigilancia constituido por Policía Local y Mossos. En el último año, con el despliegue de la Unidad de Apoyo y Convivencia de la Policía Local, esta presencia policial aumentó.
El Ayuntamiento también hizo seguimiento de todas las llamadas del vecindario que se quejaban y se levantaron las correspondientes actas e invitó al vecindario a presentar denuncias contra los ocupantes por alteración de la convivencia, presentándolas directamente a la Policía Local para facilitar su gestión. Estas denuncias se sumaron a todos los informes policiales y denuncias municipales interpuestas, que fueron engrosando el expediente presentado en los juzgados. De este modo, a pesar de no tener competencias para desalojar a los ocupas, el Ayuntamiento hizo seguimiento del proceso instado en el juzgado por la propiedad, para la ejecución del desalojo del Casino. Los arquitectos municipales, además, determinaron su deficiente estado de habitabilidad.
Al final, el trabajo de los nuevos propietarios, del vecindario y el Ayuntamient ha propiciado la decisión del juzgado y la actuación policial para acabar con la ocupación, facilitando así el derribo del edificio, que estaba muy deteriorado. La nueva empresa propietaria se ha comprometido ahora a llevar adelante el nuevo proyecto de residencia para la tercera edad lo antes posible.
