El Gobierno quiere crear una nueva tipología de autorización temporal para contratación de origen. Tal como ha detallado la ministra de Justicia e Interior, Ester Molné, esta nueva forma de contratación implica que los temporeros solo podrán llegar al Principado cuando tengan todos los papeles listos. “Cuando los temporeros lleguen aquí ya se habrá hecho todo el trabajo de selección previa y de verificación de que cumplen todos los requisitos y de tramitación de los permisos”, ha concretado Molné.
La medida busca “reforzar los movimientos migratorios y permite un mayor control”, ha declarado la ministra. Esta es una de las propuestas que constan en el texto del Proyecto de ley de continuidad y consolidación de las medidas para el crecimiento sostenible que ha presentado el ejecutivo esta tarde con la finalidad de ordenar el crecimiento poblacional del país. Está previsto que el texto entre a trámite parlamentario la semana que viene.
Según el ejecutivo, ya se está trabajando con varios países extracomunitarios para desarrollar estos mecanismos de control en origen que podrían estar habilitados para la temporada de invierno 2026/2027. Molné ha dejado claro que esto es una prueba piloto y que no tienen la intención, de momento, de suprimir el régimen de temporero ordinario. “La voluntad es que estos dos permisos convivan”, ha mencionado Molné. La ministra también ha comentado que, en cuanto a la duración de los permisos de los temporeros, actualmente de seis meses, se está negociando con la patronal.
El proyecto de ley trata de cuestiones de migración, crecimiento poblacional, el impuesto de inversión extranjera inmobiliaria y también hay medidas en relación con las aperturas de comercio. De hecho, debe servir para seguir avanzando y mejorando la conocida ley ómnibus. “Hoy estamos aquí para dar un paso, esta vez, poniendo más el foco no tanto en materia de vivienda, sino en cuanto al crecimiento poblacional”, ha empezado explicando la ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol. El ejecutivo quiere que el crecimiento sea “sostenible a largo plazo” para “mantener los estándares de cohesión social que tenemos como país y que nos hace atractivos para vivir”, ha precisado Marsol.
En inmigración, también se propone impedir cambiar de sector laboral a las personas extracomunitarias, hasta que no hayan pasado cinco años de residencia en el país. “Esto se ha hecho con consenso, con una serie de compromisos que acordamos con la patronal porque en particular todo lo que es el sector de la restauración se encuentran con que les hace falta mucha mano de obra y al cabo de tres años estas personas cambian de sector”, ha puntualizado la ministra. Hasta ahora la legislación marcaba que podían cambiar de actividad laboral pasados los tres años, pero en caso de que se aprobara el proyecto de ley se pasaría a cinco.
El ejecutivo también ha introducido algunos cambios con respecto a los trabajadores temporales. La nueva ley propone que los temporales puedan hacer horas extras en otro sector, sin sobrepasar las 52 horas semanales o las 12 h semanales en otro sector. De esta manera, se habilita esta posibilidad, que actualmente también se permite a las personas que tienen permiso de residencia y trabajo prorrogable. Molné ha dejado claro que habrá medidas de control para que no se cometan irregularidades. “El mecanismo de control es simplemente que si no se cumple, se produce la anulación del permiso de inmigración”, ha aseverado. En este sentido, se contratará a un inspector que se encargue de controlarlo. De hecho, se ha creado un proceso de selección que está en curso. De la misma manera, también habrá consecuencias para los empresarios “porque ya no podrá disfrutar de su trabajador”, ha precisado.
Además, el ejecutivo también propone ampliar el requisito de reserva de cuota de los trabajadores por cuenta propia (previamente a la concesión de la autorización) también a las profesiones tituladas. Este sistema actualmente ya se prevé para los autónomos y permite garantizar que se dispone de la cuota de trabajo una vez hecha la inversión necesaria. De la misma manera que las personas por cuenta propia, las profesiones tituladas también disfrutarán de seis meses para formalizar la inversión. Si pasado este plazo no la han realizado, no obtendrán la autorización de inmigración.
En cuanto a las normativas en materia de inversión extranjera, una de las medidas es el incremento del impuesto de la inversión extranjera inmobiliaria (IEI). El gobierno apuesta por doblarlo, fijándolo en un 6% para el primer inmueble y en un 10% para el resto. Además, se amplía hasta 800.000 euros el importe de la inversión extranjera inmobiliaria inicial para obtener la autorización de residencia pasiva (hasta la actualidad era de 600.000 euros). “Hemos optado por hacerlo de una manera progresiva, observando, consideramos que era bueno, primero empezar con un 3%, después limitar las adquisiciones porque nosotros entendemos que debemos regular el crecimiento, pero tampoco queremos un freno absoluto a este crecimiento como proponen otras formaciones”, ha argumentado Marsol.
La titular de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda ha anunciado que se quieren impulsar limitaciones en materia de aperturas de comercio para garantizar un crecimiento urbanístico y demográfico sostenible. “No se trata de limitar actividades comerciales de manera indiscriminada y sin analizar, sino que se busca limitar la proliferación de actividades más demandantes de recursos, ya sean recursos físicos, de territorio como de personas, especialmente de mano de obra poco cualificada”, ha manifestado Marsol. Con esta proposición, el Gobierno busca que los nuevos comercios que lleguen aporten “más calidad, más conocimiento y más valor añadido”, ha detallado. La administración quiere ejecutar unos estudios de mercado para analizar cuál es la situación del comercio actual, ya que se quiere descifrar cuál es “la actividad comercial que nos conviene para seguir creciendo, con calidad y para mejorar el valor añadido y la capacidad de las personas que vienen a vivir al país”, ha dicho la ministra. Marsol no ha concretado cómo serán estas limitaciones, pero sí que ha dejado claro que la voluntad de todo ello es apostar “por unas actividades de más valor añadido” con el objetivo de que “sean poco devoradoras de recursos, sobre todo de recursos de personas, y que aporten personas o profesiones con salarios más altos y más poder adquisitivo”.
Finalmente, se contempla crear una aportación a fondo perdido a favor del Estado por aquella inversión inicial que deben hacer los solicitantes de residencia y trabajo por cuenta propia y para los de residencia pasiva. De esta manera, de los 50.000 euros que actualmente ya se deben aportar, 30.000 serán a fondo perdido. Además, las personas que tramiten la solicitud de residencia pasiva, también deberán abonar a fondo perdido la mitad del impuesto actual, es decir 6.000 euros, por cada persona a cargo.
El Gobierno rechaza dos proposiciones de ley de Concordia
La ministra de Justicia e Interior, Ester Molné, ha confirmado este jueves que el Gobierno ha emitido dos criterios desfavorables a proposiciones de ley presentadas por el grupo parlamentario de Concòrdia, en materia de inmigración. Molné ha defendido que las iniciativas del ejecutivo son “mucho más ambiciosas”, “efectivas” y “adecuadas” que las propuestas presentadas por la formación.
La primera proponía reformar el régimen de residencias por cuenta propia y sin actividad lucrativa. Según Molné, el proyecto del Gobierno es “más ambicioso y efectivo” e incluye también medidas sobre comercio e inversión extranjera.
La segunda iniciativa, para crear un dispositivo de acogida para personas recién llegadas, ha sido rechazada porque el Gobierno ya tiene un programa similar prácticamente terminado. La ministra ha asegurado que este programa cubre ampliamente la integración social, lingüística y cultural de este colectivo.
