Durante años, Andorra ha sido un destino atractivo para creadores de contenido digitales procedentes de España. Una fiscalidad más baja, proximidad geográfica y facilidad de adaptación han convertido el Principado en un polo de atracción para influencers, youtubers y streamers. Pero este escenario podría empezar a cambiar.
El motivo no es una nueva ley en vigor, sino el debate abierto en España para reformar los criterios de residencia fiscal con el objetivo de frenar lo que Hacienda considera “residencias ficticias”. La medida apunta directamente —aunque no exclusivamente— a los creadores de contenido que trasladan formalmente su residencia fuera del país, pero que mantienen una actividad económica claramente vinculada al mercado español.
No hay una ley nueva, pero sí un cambio de paradigma
No existe hoy ninguna normativa específica aprobada que obligue a los influencers que viven en Andorra a pagar impuestos en España. Sin embargo, desde hace meses, inspectores fiscales y responsables del Ministerio de Hacienda español apuntan hacia la necesidad de actualizar la normativa para adaptarla a la economía digital.
El foco se sitúa en la definición de residencia fiscal. Actualmente, la legislación española establece que una persona es residente fiscal si pasa más de 183 días en España o si tiene allí su centro de intereses económicos o familiares. El debate surge cuando estos criterios se aplican a perfiles digitales que trabajan desde cualquier lugar, pero generan ingresos principalmente de un público español.
El concepto clave: centro de intereses económicos
Las propuestas que se estudian no pasan por crear un “impuesto para influencers”, sino por reforzar el criterio del centro de intereses económicos, incorporando elementos como el origen mayoritario de los ingresos, el mercado publicitario al que se dirigen, la ubicación de colaboradores, marcas o plataformas, o la dependencia económica del público español.
En este contexto, Hacienda podría cuestionar residencias en el extranjero si considera que el traslado responde más a una estrategia fiscal que a un cambio real de vida y actividad.
Aunque Andorra aparece a menudo en el debate mediático, las medidas no van dirigidas contra ningún país en concreto, sino contra prácticas que la administración española considera elusivas. De hecho, cualquier contribuyente que resida fuera de España podría verse afectado si no puede acreditar una desvinculación económica real.
Desde el punto de vista andorrano, el marco legal continúa siendo claro: quien es residente fiscal en Andorra tributa según la normativa del Principado. El conflicto aparece cuando España discrepa de esta residencia e intenta recalificarla.
