Con el nombre de Eixivern, este fin de semana se ha celebrado la primer encuentro de creadores de contenido en catalán. Un encuentro que sustituye las habituales campañas de promoción de la lengua que cada año hacía el Gobierno de Andorra con más o menos acierto y que en 2025 no se hizo. De hecho, Eixivern debía hacerse el otoño pasado, pero sin que se hayan explicado públicamente los motivos se ha ido posponiendo hasta este febrero.
El caso es que se anunció como un encuentro de creadores de contenido para promocionar la lengua entre este colectivo, pero el hecho es que ha sido más bien un fin de semana de colonias de una quincena de creadores que ya hacen los contenidos en la lengua propia. La jornada, inspirada en las típicas jornadas de trabajo del siglo pasado con retos y oportunidades compartidas por los presentes, experiencias de los asistentes y creación de documentos resumen con todo de buenas intenciones solo ha contado con la modernidad de tener a tres creadores catalanes como presentadores. Y con la peculiaridad de que uno de ellos ni siquiera usa habitualmente el catalán en sus posts en redes.
Eso sí, entre grupos de trabajo y buenas intenciones han conseguido crear un "coleguismo" entre algunos de los asistentes que les llevará con toda seguridad a coger ideas los unos de los otros y quizás colaborar en contenidos compartidos. Estaría muy bien si esto fuera con un centenar de personas en la sala y no una veintena de personas entre las cuales también había trabajadores del mismo departamento.
El resumen, una jornada que deja unas fotos bonitas con la ministra de cultura en primer plano haciendo selfies en grupo, pero que poca cosa aportará a la lengua a pesar de que haya costado, como mínimo, 30.000 euros públicos.
La celebración de este encuentro de creadores (inspirada, pero a años luz de las que se celebran en las Islas Baleares o Cataluña), o el hecho de que en casi dos años solo se haya puesto una sanción por saltarse la Ley de la lengua propia y oficial contrasta con el ímpetu que tuvo el actual gobierno para aprobar la normativa que en teoría debe servir para normalizar la situación de la lengua del país.
