El Gobierno de Andorra deberá poner en marcha, en un plazo máximo de seis meses, un programa temporal de ayudas para los inquilinos más afectados por la descongelación progresiva de los alquileres. El Consejo General ha aprobado este martes una propuesta de resolución transaccional impulsada por Demócratas y Ciudadanos Comprometidos, con el apoyo de Concordia y Andorra Adelante y la abstención del Partido Socialdemócrata.
La medida quiere dar respuesta a las personas que, a raíz de el fin progresivo de la intervención del mercado del alquiler, se vean obligadas a destinar más del 30% de sus ingresos netos mensuales al pago de la vivienda. Las ayudas se dirigirán tanto a los inquilinos afectados por la finalización de las prórrogas forzosas de los contratos como a los que firmaron contratos a partir de 2022 y que no estaban protegidos por este régimen.
Ayudas temporales y revisables
El presidente del grupo parlamentario demócrata, Jordi Jordana, ha defendido que la desintervención de los alquileres se ha planteado siempre como un proceso gradual y que debe ir acompañado de más vivienda pública y de medidas específicas para los casos de más dificultad.
Según Jordana, las ayudas tendrán un carácter temporal, personalizado y revisable, con la voluntad de acompañar a las familias que realmente lo necesiten durante esta etapa de transición.
La ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, ha asegurado que el Gobierno ya tenía previsto impulsar este programa y ha celebrado que la propuesta haya recibido el apoyo de una amplia mayoría del Consejo General.
Críticas del PS y apoyo de Concordia
El Partido Socialdemócrata se ha abstenido y ha sido crítico con la iniciativa. El consejero general Pere Baró ha acusado a la mayoría de reconocer, con esta medida, que la descongelación de los alquileres no dará los resultados anunciados. También ha calificado la propuesta de “ejercicio de maquillaje político” y ha advertido que la desintervención puede alterar el equilibrio social del país.
Concordia, en cambio, ha votado a favor. La consejera general Núria Segués ha defendido que cualquier ayuda para proteger a las familias es positiva, pero ha lamentado que las políticas de vivienda aplicadas hasta ahora no hayan sido suficientes. Según ha remarcado, si se hubiera actuado antes, ahora no sería necesario destinar más recursos públicos para compensar el encarecimiento de los alquileres.
Rechazo a otras propuestas de Andorra Adelante
El Consell General también ha rechazado diversas propuestas de Andorra Endavant. Entre ellas, la elaboración de un informe anual sobre el impacto económico, social y fiscal de la inversión extranjera. La iniciativa contaba con el apoyo del PS y Concòrdia, pero Demòcrates y Ciutadans Compromesos han votado en contra porque consideran que esta información ya está disponible a través del departamento de Estadística.
También se han rechazado propuestas para reforzar el seguimiento de las resoluciones aprobadas por el Consell General, garantizar la publicación del plazo medio de pago de las administraciones públicas e impulsar comunidades residenciales multiservicio para la gente mayor. En este último caso, el Govern ha defendido que el modelo ya se está desplegando y que se prevé llegar a las 94 viviendas con servicios en 2028.
La cámara también ha rechazado una iniciativa para ampliar las opciones de acceso a la primera vivienda para andorranos y residentes de larga duración, flexibilizar el programa de avales públicos y estudiar parcelas más pequeñas para reducir costes. El Govern ha argumentado que el programa de avales ya está dando resultados, con 28 familias beneficiarias, y que la propuesta no mejoraba las medidas en marcha.
