El alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, la primera teniente de alcaldía, Mar Lleixà, y la concejala de Servicios, Marga Abelló, han comparecido esta mañana en una rueda de prensa para anunciar que emprenden una acción de incoación por el procedimiento sancionador penal a la empresa de Acciona, tras los resultados de una auditoría que confirman los indicios detectados de deficiencias e incumplimientos del contrato relativo a la recogida de basura, voluminosos, prestación del servicio de la deixalleria municipal y limpieza viaria. Un contrato que, cabe recordar, se firmó por parte del anterior equipo de gobierno de Roigé, en 2018.
Jordan ha explicado que, a raíz de una serie de carencias detectadas en el servicio de recogida de basura y después también de una serie de quejas ciudadanas, decidieron encargar una auditoría a una empresa externa en el mes de febrero de este 2025 con el fin de poder obtener una información veraz y objetiva de su gestión y valorar qué impacto está teniendo en el espacio público.
Este hecho, sin embargo, no es puntual, sino que las demandas y los posibles incumplimientos son una situación que se empezó a detectar en 2019 y que, desde entonces, ha ido agravándose. Para el consistorio, se hace difícil hacer un seguimiento real de todo lo que tienen establecido por contrato porque la propia empresa alude responsabilidades cuando se le hacen todo tipo de requerimientos. En este caso, por ejemplo, en el mes de julio, el Ayuntamiento pidió unos documentos a la empresa relacionados con la zonificación, itinerarios y adaptación a la demanda según la temporada y, estos, solo entregaron un cuadrante con una serie de servicios repetitivos y sin detalles.
En otra ocasión, también les requirieron la información geolocalizada de los contenedores y solo recibieron un listado de las islas de contenedores por donde pasa su empresa a hacer la recogida.
Asimismo, el consistorio ha detectado un incumplimiento grave con el servicio de la Deixalleria Municipal, dado que no se cumplen los horarios de apertura del servicio que están establecidos en los pliegos del contrato, dado que han recibido también quejas ciudadanas de personas que se han encontrado la deixalleria cerrada en el momento en que debía estar abierta. Además, tampoco han presentado debidamente los tiques de las básculas del peso de la basura de la misma deixalleria.
Otras problemáticas detectadas son la falta de pegatinas en los contenedores de la recogida selectiva para saber cuándo se ha hecho la última limpieza o el hecho de que hay vehículos que no van rotulados adecuadamente con la imagen corporativa de la empresa.
Tampoco les consta, a estas alturas, que se hayan llevado a cabo campañas de sensibilización ciudadana ni que haya una inversión efectiva en el departamento de comunicación y prensa.
Han encontrado carencias también en el sistema de geolocalización de los vehículos, dado que a algunos de ellos no les funciona o no les funciona correctamente el GPS.
Ahora mismo, la auditoría todavía no se puede dar por finalizada porque falta terminar de hacer algunas comprobaciones y, por lo tanto, Jordan todavía no ha podido detallar el importe exacto de la sanción que demandan. Ahora bien, según las cláusulas consultadas en el convenio, las infracciones leves tendrían un coste de unos 6.000 €, las que se consideran graves oscilarían entre los 6.000 € y los 18.000 €, mientras que las muy graves están entre unos 18.000 € y 36.000 €.
Ahora, pues, se inicia un período de audiencia para la empresa con el fin de que estos puedan presentar alegaciones a todos los requerimientos denunciados y, en este sentido, la voluntad del Ayuntamiento de iniciar este procedimiento sancionador es la de conseguir reclamar una serie de medidas correctoras a la prestación de estos servicios. Por ahora, el Ayuntamiento de Tortosa no se plantea rescindir el contrato con la empresa y, en todo caso, en caso de incumplimientos reiterados se volvería a ir a juicio.
Por su parte, el Ayuntamiento de Tortosa insiste en que existe también una grave problemática de incivismo ciudadano en lo que respecta a la acumulación de residuos en la vía pública y la incorrecta gestión de los voluminosos, entre otros. Por ello, continuarán promoviendo las campañas propias de civismo y la figura de los agentes cívicos informadores para luchar por el correcto cumplimiento de las ordenanzas municipales relacionadas con la gestión de residuos y limpieza y la aplicación de las multas y sanciones pertinentes por parte de la Policía Local cuando se detecte un incumplimiento de estas.
