La presión vecinal ha vuelto a frenar un desahucio en Manresa. Unas sesenta personas convocadas por la PAHC del Bages han conseguido este martes detener la expulsión de seis familias, con ocho menores, que viven en el conocido como bloque 8, un edificio ocupado desde el año 2021 en la capital del Bages.
La comitiva judicial, que se ha presentado en el inmueble acompañada de una patrulla de los Mossos d'Esquadra, ha optado finalmente por aplazar el desahucio sin nueva fecha ante la concentración de vecinos y activistas que bloqueaban el acceso al edificio. Se trata del tercer intento de desalojo que afrontan las familias residentes.
Tras conseguir el aplazamiento, los concentrados han iniciado una marcha por el centro de Manresa para reclamar al Ayuntamiento que expropie el edificio, propiedad de un fondo buitre, y garantice que las familias puedan seguir viviendo allí mediante un alquiler social.
“No podemos pagar los alquileres que hay en Manresa”
Entre las personas afectadas se encuentra Yuli, que vive en el bloque con su marido y su hija. Asegura que ocuparon el edificio tras quedarse sin trabajo y no poder asumir los precios del mercado de alquiler. “No pedimos nada extraordinario, solo una vivienda digna. Con los precios actuales es imposible”, explica.
Según relata, cuando las familias accedieron al edificio, este se encontraba en un estado totalmente inhabitable. “Hemos sido nosotras mismas quienes lo hemos rehabilitado para que se pudiera vivir en él”, afirma.
Un fondo buitre con miles de viviendas
La PAHC del Bages denuncia que el bloque 8 pertenece a una filial de un fondo buitre norteamericano que acumula cerca de 16.000 viviendas en todo el Estado y que arrastra múltiples denuncias por parte de colectivos por el derecho a la vivienda
La entidad recuerda que Manresa es la ciudad con más bloques ocupados gestionados por la PAHC en todo el Estado, con un total de nueve edificios. En la mayoría de los casos, viven familias vulnerables, y cerca del 70% de los pisos son propiedad de bancos o grandes tenedores.
Desde la plataforma exigen una solución política y advierten que continuarán movilizándose hasta que el Ayuntamiento garantice alternativas habitacionales estables y ponga freno a la especulación inmobiliaria.
