Amadou Baldé, vecino de Manresa y padre de cuatro hijos, ha hecho público un vídeo donde explica su situación crítica con el alquiler de un piso en la ciudad. En el vídeo, Baldé denuncia que, después de cinco años viviendo en la misma vivienda, el propietario, un arquitecto que según dice, es rico, con varios inmuebles y presidente de la asociación de los Amics de la Seu, no le renovará el contrato de alquiler cuando este finalice el próximo 2 de febrero.
Baldé explica que siempre ha pagado el alquiler a tiempo y ha mantenido una buena relación con los vecinos, sin ningún tipo de problema. Pero, a pesar de su solvencia económica y buena convivencia, el propietario ha decidido no renovar el contrato, dejando a su familia con un futuro incierto.
En el vídeo, Baldé expone cómo la situación de vivienda en Manresa es cada vez más difícil, con una escasez de pisos disponibles en la zona. "Para el propietario, esto solo es un negocio, pero para mí es lo más importante", lamenta Baldé, quien manifiesta su desesperación ante la posibilidad de ser desahuciado.
Para afrontar esta situación, Baldé ha decidido ponerse en contacto con la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y el Capitalismo del Bages (PAHC), una organización que trabaja para defender los derechos de las personas afectadas por problemas de vivienda. A través de esta plataforma, Baldé espera poder negociar con el propietario y evitar el desahucio que pondría en peligro su estabilidad familiar.
La PAHC del Bages, que se constituyó en diciembre de 2012 en el Ateneu Popular la Sèquia, ha estado defendiendo los derechos de las personas afectadas por la alta precariedad de la vivienda en la comarca. En este caso, la plataforma ha mostrado su apoyo a Baldé, recordando que, en una ciudad como Manresa, donde el 23% de los pisos están vacíos, es urgente que las administraciones tomen medidas para garantizar el acceso a la vivienda para todas las familias.
Desde la PAHC, denuncian que los propietarios, en muchos casos, tratan la vivienda como un negocio puramente económico, ignorando las consecuencias personales y familiares que puede tener la expulsión de un inquilino. "Si la vivienda continúa siendo controlada por los mercados, no habrá manera de garantizar este derecho fundamental para todos", afirman desde la plataforma.
Con el apoyo de la PAHC, Amadou Baldé espera poder resolver su situación antes de que llegue el plazo del 2 de febrero. Para él, como para muchas otras personas que viven en la ciudad y en la comarca, el acceso a una vivienda digna es una lucha diaria, y la posibilidad de perder su piso supone una amenaza para su familia y su futuro.
