El PSOE y Sumar han logrado este martes un acuerdo para sacar adelante las nuevas medidas de vivienda tras una negociación al límite que se ha alargado incluso después de comenzar el Consejo de Ministros. Fuentes de ambas partes han confirmado el entendimiento poco después de las once de la mañana y han asegurado que permitirá “dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y avanzar en derechos”.
Las diferencias entre los dos socios de coalición habían obligado a retrasar aproximadamente una hora el inicio de la reunión del Consejo de Ministros. Una vez comenzada, los representantes de Sumar todavía han tardado unos minutos en incorporarse mientras se ultimaban los últimos puntos de la negociación.
El acuerdo permite al Gobierno aprobar el real decreto ley, pero la batalla política continuará en el Congreso, donde el texto deberá ser convalidado y el ejecutivo necesitará reunir una mayoría suficiente. Las conversaciones de los últimos días han involucrado a diversos grupos parlamentarios, con Junts como uno de los actores determinantes para asegurar los números.
Prórroga de los alquileres y protección ante los desahucios
El borrador sobre el que se ha negociado durante las últimas horas incluye una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de alquiler y la suspensión de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa residencial hasta el 31 de diciembre de 2028.
También se han planteado medidas para limitar las subidas durante estas prórrogas, reforzar la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones e introducir incentivos fiscales vinculados al mercado del alquiler. El detalle definitivo dependerá del texto aprobado por el Consejo de Ministros.
Sumar había presionado hasta el último momento para que el decreto incorporara medidas más amplias y había llegado a advertir de que sus ministros podían plantarse si el texto quedaba reducido a una respuesta parcial.
Junts reclama que la administración asuma los impagos
En paralelo, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha defendido este martes que la protección de las personas vulnerables no recaiga económicamente sobre los pequeños propietarios.
La propuesta de Junts pasa porque, cuando una familia acredite que no puede pagar el alquiler y sea necesario evitar el desahucio, sea la administración quien asuma la deuda pendiente. Nogueras ha sostenido que de esta manera se podría mantener la protección social sin trasladar el coste a los pequeños tenedores.
La formación sí que defiende parar los desahucios cuando las viviendas sean propiedad de grandes fondos de inversión, pero reclama un tratamiento diferenciado para los pequeños propietarios.
Nogueras ha afirmado que Junts ha renunciado a algunas de sus demandas durante las conversaciones y ha asegurado que todavía hay margen para alcanzar un entendimiento antes de la votación en el Congreso.
La convalidación en el Congreso, el siguiente obstáculo
El acuerdo entre PSOE y Sumar resuelve así la disputa interna que había puesto en riesgo la aprobación del decreto en el Consejo de Ministros, pero no garantiza todavía que la norma supere el trámite parlamentario.
El Gobierno tendrá que continuar negociando con los grupos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez y con otras formaciones necesarias para sumar los votos, después de que varias medidas de vivienda hayan fracasado en el Congreso durante este 2026.
Añadir La Ciutat como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad