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Representantes de Sumar, Podem, ERC, EH Bildu y BNG han unido fuerzas este lunes en Madrid para presionar al PSOE a solo 24 horas del Consejo de Ministros en el que el Gobierno español prevé abordar el nuevo decreto de vivienda. La movilización se ha hecho delante del Hospital Gregorio Marañón, donde continúa ingresada Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada la semana pasada del piso donde había vivido durante más de siete décadas.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido de que las posiciones dentro del Gobierno todavía están alejadas y ha reclamado que el texto incorpore las principales demandas planteadas por los movimientos por el derecho a la vivienda. “Llevamos meses presionando al PSOE y ahora tenemos la voz de la calle y un clamor social que nos dice que es el momento de poner freno a la especulación”, ha defendido García.
Cuatro medidas que Sumar considera imprescindibles
La ministra ha situado como punto de partida cuatro grandes medidas: reforzar la prohibición de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, actuar sobre los alquileres de temporada y de habitaciones, congelar los precios de los arrendamientos y facilitar la renovación automática de los contratos.
García también ha defendido limitar la presencia de los fondos de inversión en el mercado residencial y ha advertido de que el decreto no puede quedar reducido a “trozos” o “medias tintas”. Este lunes ha asegurado que las negociaciones avanzan, pero que todavía no hay un acuerdo que satisfaga las exigencias de su espacio político.
La presión de Sumar sobre el PSOE ha ido aumentando durante los últimos días. La formación ya había advertido de que no acudiría al Consejo de Ministros si el decreto de vivienda no formaba parte del orden del día de la reunión de este martes. Ahora insiste en que tampoco dará apoyo a un texto que considere insuficiente.
ERC pide no rebajar el decreto para buscar otros apoyos
Por parte de ERC, la diputada en el Congreso Etna Estrems ha reclamado que las negociaciones partan de las propuestas de las fuerzas de izquierdas y de los colectivos que se han movilizado estos días.
Estrems ha puesto a Cataluña como ejemplo de regulaciones sobre los alquileres turísticos, temporales y de habitaciones y ha defendido que avanzar en esta dirección es una cuestión de “voluntad política”.
La diputada republicana ha cargado contra PP, Vox y Junts por sus posiciones en votaciones anteriores sobre vivienda y también ha cuestionado al PSOE por la falta de ambición que, a juicio de ERC, ha mostrado hasta ahora.
Las conversaciones son especialmente complejas porque cualquier real decreto ley que apruebe el Gobierno deberá ser convalidado posteriormente por el Congreso, donde el ejecutivo necesita construir una mayoría suficiente. El Ministerio de Vivienda mantiene negociaciones con diversos grupos, incluyendo Junts.
Los Comuns vinculan el cambio de ritmo al caso Maricarmen
El diputado de los Comuns Gerardo Pisarello ha afirmado que ha hecho falta el caso de Maricarmen y una movilización social creciente para que el PSOE acelerara las negociaciones. Desde su punto de vista, las medidas que plantean los sindicatos de inquilinos son asumibles y responden a problemas que también afrontan otras grandes ciudades.
El desahucio de Maricarmen se ha convertido durante los últimos días en el principal símbolo de las protestas. La mujer continúa ingresada en el Gregorio Marañón mientras cientos de personas mantienen una acampada en la Puerta del Sol para reclamar nuevas medidas de vivienda.
Podem critica que aún no haya recibido ningún texto
Podem también ha elevado la presión sobre el ejecutivo. Tito Moreno ha criticado que, a menos de 24 horas del Consejo de Ministros, los grupos que después tendrán que votar el decreto en el Congreso todavía no dispongan de un documento definitivo.
La formación considera un error que el Gobierno haya priorizado los contactos con Junts antes de cerrar una propuesta con las fuerzas situadas a su izquierda.
Las negociaciones continuarán durante este lunes con las posiciones todavía abiertas. El principal reto del Gobierno será encontrar un texto que pueda superar tanto las discrepancias internas entre PSOE y Sumar como la posterior aritmética parlamentaria en el Congreso.
