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El drama de la vivienda no hace más que cebarse con la población con menos recursos económicos. En este caso, en el barrio de Cerdanyola, de Mataró, uno de los más desfavorecidos de la capital del Maresme, una familia con tres menores y una persona con una discapacidad reconocida del 87% ha sido desahuciada este martes por la mañana del piso donde vivía desde hacía once años.
El lanzamiento estaba programado a las siete de la mañana en una vivienda de la ronda de la Cerdanya. Desde primera hora se ha desplegado un amplio dispositivo policial ante la concentración convocada por el Sindicato de Vivienda de Mataró para intentar impedir la actuación judicial.
En el domicilio vivían Jordi, afectado por una enfermedad minoritaria que le provoca problemas de salud mental, y su hermana Alícia, madre sola de tres hijos. Según el Sindicato, la mujer ingresa aproximadamente 1.000 euros mensuales y tiene que destinar unos 700 al pago del alquiler.
EL AYUNTAMIENTO HABÍA PEDIDO APLAZARLO
Pocas horas antes del desahucio, el Ayuntamiento de Mataró pidió al juzgado que aplazara el lanzamiento. El consistorio explicó que la familia había comunicado a Servicios Sociales que había encontrado una vivienda alternativa y reclamaba más tiempo para que pudiera efectuar el traslado.
Esta versión contrastaba con la situación denunciada inicialmente por el Sindicato, que aseguraba que la familia no disponía de una alternativa residencial adecuada. El colectivo había explicado que se había solicitado el acceso a la mesa de emergencia y que, hasta entonces, la única propuesta recibida había sido el alojamiento de toda la familia durante tres noches en un hostal.
A pesar de la petición municipal, la orden judicial se ha acabado ejecutando este martes. No ha trascendido si la familia podrá acceder inmediatamente a la nueva vivienda que, según el Ayuntamiento, había conseguido.
EL PISO PERTENECE A UN GRAN TENEDOR
El Sindicato de Vivienda atribuye la propiedad del inmueble a Investmar SL, una sociedad con sede en Mataró que tendría la consideración de gran tenedor. La entidad ha criticado que se haya ejecutado el desahucio a pesar de la situación de vulnerabilidad de la unidad familiar.
La portavoz del colectivo, Pilar Sánchez, ha calificado el caso de “gravísimo” y ha lamentado que el nuevo decreto de vivienda negociado por el gobierno español todavía no estuviera en vigor. Según el Sindicato, las medidas previstas en los borradores habrían podido suspender este lanzamiento por afectar a una familia vulnerable que vivía en un inmueble de un gran tenedor.
El decreto, sin embargo, todavía se encontraba en negociación este martes por la mañana y, aunque fuera aprobado por el Consejo de Ministros, no entraría en vigor hasta que se publicara en el Boletín Oficial del Estado.
MOVILIZACIÓN CONTRA LOS DESAHUCIOS
El caso había provocado una concentración ante el Ayuntamiento de Mataró este lunes por la tarde, con más de un centenar de participantes. La protesta, convocada por vecinos de Cerdanyola y entidades sociales, reclamaba medidas urgentes para impedir los desahucios de familias vulnerables.
Este martes también había previsto otro lanzamiento en la calle de Colòmbia, en el barrio de Rocafonda. En este segundo caso, la orden afectaba a una familia con dos menores que, según el Sindicato de Vivienda, tampoco disponía de una alternativa residencial adecuada.
