La muerte de Montse, una mujer de 63 años que vivía en la calle tras haber sido desahuciada el pasado 30 de septiembre de un edificio de Collado Villalba, en Madrid, ha puesto en pie de guerra a las entidades sociales, que denuncian que el Ayuntamiento no le ofreció alternativas posteriores al desahucio.
El inmueble es propiedad de la Sareb, pero estaba intervenido por el Ayuntamiento. Según estas entidades, la mujer fue encontrada el 8 de diciembre en estado crítico a las puertas de un supermercado, con síntomas de hipotermia y desnutrición, y murió dos días después en el hospital del municipio.
Desahuciada sin orden judicial
El fallecimiento ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre las políticas municipales de vivienda y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad. El desalojo se ejecutó sin orden judicial previa, alegando “motivos de insalubridad e inseguridad” del edificio, que había sufrido un incendio meses antes. Nueve personas quedaron sin alojamiento, entre ellas Montse, sin que, según denuncian las entidades sociales, se les ofreciera una alternativa residencial ni un seguimiento social posterior.
Fuentes de la Assemblea de Vivienda de Villalba aseguran que Montse no presentaba problemas de salud graves antes del desalojo, pero que su estado físico se deterioró rápidamente a consecuencia de vivir a la intemperie durante los meses de otoño y principios de invierno. Las mismas entidades vinculan su muerte a la falta de respuesta institucional después de perder la vivienda.
El caso ha generado comparaciones con otros episodios anteriores en el municipio. Las plataformas vecinales recuerdan el caso de Alfonso, un hombre que murió en 2020 poco después de ser desalojado en una situación similar. Según estos colectivos, se trata de un problema estructural relacionado con la falta de recursos y de protocolos efectivos ante emergencias habitacionales.
Las críticas también apuntan a la financiación de los Servicios Sociales municipales. De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda y de organismos especializados en políticas sociales, Collado Villalba se encuentra entre los municipios con una inversión más baja por habitante en este ámbito, con un presupuesto anual que apenas supera el medio millón de euros. Las entidades consideran que esta limitación presupuestaria se traduce en falta de personal, retraso en la atención y dificultades para ofrecer respuestas inmediatas a situaciones de riesgo social
Desde el Ayuntamiento no se han hecho públicas, de momento, valoraciones detalladas sobre el caso concreto de Montse. Mientras tanto, su muerte ha intensificado el debate público sobre la necesidad de reforzar las políticas de vivienda y los servicios de atención social para evitar que personas en situación de vulnerabilidad queden sin protección institucional.
