El Parlamento de Cataluña ha reclamado al gobierno español que modifique la normativa para permitir que los territorios con salarios medios más elevados puedan disponer de un salario mínimo interprofesional (SMI) superior al fijado para el conjunto del Estado. La propuesta forma parte de una moción sobre políticas de empleo impulsada por ERC y debatida este jueves en la cámara catalana.
El texto aprobado defiende que, en el caso de Cataluña, este eventual SMI propio represente como mínimo el 60% del salario medio catalán. El punto ha recibido el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto el PPC y Vox, que han votado en contra.
La votación, sin embargo, no comporta una modificación inmediata del salario mínimo de los trabajadores catalanes, sino que reclama al Estado los cambios legislativos necesarios para poder establecerlo territorialmente.
Un salario mínimo de referencia mientras no cambie la ley
Paralelamente, el Parlamento ha instado al Govern a desplegar “inmediatamente” un salario mínimo de referencia catalán dentro de las competencias que ya tiene actualmente la Generalitat.
Esta figura es diferente de un SMI obligatorio para todos los trabajadores. De hecho, las iniciativas tramitadas en el Parlamento sobre esta cuestión parten del hecho de que Cataluña no tiene actualmente competencias para fijar unilateralmente un salario mínimo interprofesional propio.
La cámara ya había defendido anteriormente que el salario mínimo de referencia catalán se acercara al 60% del salario medio, especialmente como instrumento para orientar la negociación colectiva y las políticas públicas.
Reclaman el traspaso de la Inspección de Trabajo
La moción también amplía las demandas en materia laboral al gobierno español. El Parlamento reclama el traspaso integral de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que la Generalitat asuma todas las funciones inspectoras en Cataluña.
También pide transferir las llamadas políticas pasivas de empleo con el objetivo de que el Servicio Público de Empleo de Cataluña pueda gestionar de manera integral las políticas laborales, siguiendo un modelo similar al del País Vasco.
Más financiación para transformar la automoción
Otro de los puntos aprobados pone el foco sobre la industria del automóvil. El Parlamento considera “urgente” garantizar la financiación necesaria para que el sector pueda afrontar la transición hacia el vehículo eléctrico.
En cambio, la cámara ha rechazado una propuesta que planteaba condicionar las ayudas públicas a las empresas al mantenimiento de los puestos de trabajo y a la participación de la Generalitat en la gobernanza y la toma de decisiones de los sectores beneficiarios.
La moción sitúa así los salarios, las competencias laborales y la transformación industrial entre las reivindicaciones que el Parlament traslada tanto al Govern catalán como al ejecutivo español.
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