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Cataluña ha dado este miércoles el primer paso parlamentario para dotarse de un salario mínimo de referencia propio. El pleno ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por el PPC y Vox y ha permitido que continúe la tramitación de una proposición de ley de Junts que fija esta referencia en 1.400 euros mensuales en 14 pagas para 2026.
La iniciativa, sin embargo, no plantea sustituir el salario mínimo interprofesional fijado por el Estado ni establecer automáticamente esta cantidad para todos los trabajadores catalanes. Su alcance obligatorio quedaría restringido a la Generalitat, los organismos que dependen de ella y las administraciones locales. Para el resto de sectores funcionaría como una referencia destinada a influir en los salarios y en la negociación colectiva.
Un criterio que también podría pesar en contratos y subvenciones
El texto impulsado por Junts quiere que esta cantidad tenga incidencia más allá de la ocupación pública. Entre las medidas previstas se encuentra valorar positivamente que las empresas apliquen el salario de referencia cuando opten a contratos públicos o subvenciones de la Generalitat.
También se contemplan incentivos fiscales para las empresas que adopten este nivel retributivo y mecanismos de acompañamiento para pequeñas y medianas empresas o sectores que puedan tener más dificultades para asumir incrementos salariales.
Junts justifica la propuesta por las diferencias en el coste de la vida entre Cataluña y otros territorios del Estado, especialmente en ámbitos como la vivienda, la alimentación o el transporte. El diputado Joan Canadell ha defendido que el objetivo es contribuir a elevar los sueldos y reducir situaciones de pobreza laboral.
PPC y Vox cuestionan la propuesta
El PPC ha rechazado la iniciativa porque considera que las prioridades económicas de Cataluña pasan por otros ámbitos. La diputada Míriam Casanovas ha puesto el foco en la presión fiscal y ha cuestionado que un salario de referencia sea la respuesta a los principales problemas de la economía catalana.
Vox, por su parte, ha centrado la oposición en el ámbito competencial. El diputado Javier Ramírez ha defendido que la Generalitat no dispone de las competencias necesarias para establecer un salario mínimo propio.
La propuesta intenta evitar este conflicto precisamente diferenciando el nuevo instrumento de el SMI estatal y limitando su obligatoriedad directa al ámbito de las administraciones catalanas.
PSC y Comuns retiran las enmiendas pero quieren cambios
El PSC-Units y los Comunes también habían presentado inicialmente enmiendas a la totalidad, pero las han retirado antes del debate.
Los socialistas han anunciado que intentarán modificar el texto durante la tramitación para reforzar la negociación colectiva, las garantías de financiación y el alcance de las mejoras salariales.
Los Comunes, a pesar de facilitar que la propuesta continúe avanzando, han advertido que los 1.400 euros no representarían un derecho general para el conjunto de los trabajadores de Cataluña.
Superado este primer debate, la proposición entra ahora en la fase de enmiendas y negociación parlamentaria. El contenido definitivo, por lo tanto, todavía puede cambiar antes de llegar a una eventual votación final.
