El Departamento de Educación y Formación Profesional ha sacudido a la comunidad educativa con el anuncio de un plan piloto para introducir agentes de paisano de los Mossos d'Esquadra en los centros educativos con el objetivo de reforzar la prevención. La propuesta, sin embargo, ha generado una fuerte oposición inmediata tanto de los sindicatos como de las familias.
El sindicato mayoritario de maestros, USTEC, ha expresado un rechazo frontal a la medida y considera que el Departamento debería priorizar la educación inclusiva y el refuerzo de las plantillas docentes y del Personal de Atención Educativa. Según el sindicato, esta es la vía para abordar la conflictividad en las aulas.
“El departamento responde con lógica policial a un problema educativo y social que hace años que la comunidad educativa denuncia”, critican. USTEC insiste en que la presencia de agentes de paisano “no aborda las causas de fondo” y desvía el debate de los recursos necesarios. En este sentido, consideran que el plan parte de una “premisa equivocada”, ya que trata como un problema de seguridad una cuestión que es, sobre todo, educativa.
El sindicato también lamenta la falta de apuesta por la escuela inclusiva: “Cuando el Departamento no despliega con ambición la escuela inclusiva ni refuerza lo suficiente las plantillas, acaba buscando soluciones aparentes y efectistas”, denuncian.
Más sindicatos se suman
El sindicato Professors de Secundària también ha cargado contra la iniciativa. En una publicación en redes, defiende que la solución pasa por “garantizar el respeto hacia el profesorado y su autoridad”, y no por introducir presencia policial en los centros.
“La autoridad en el aula debe ser el docente, no la de la policía”, remarcan. Además, alertan que si el Govern opta por esta medida “es que se reconoce que estamos tocando fondo”.
Las familias, también en contra
El rechazo se extiende más allá de los sindicatos. Las Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) han calificado la propuesta de “profundamente desacertada” y alejada de las necesidades reales de los centros.
Según las familias, las fuerzas de seguridad “tienen como función el ejercicio de la autoridad y la fuerza, no el acompañamiento educativo”, y consideran un “grave error” apostar por la presencia policial en lugar de invertir en profesionales socioeducativos.
En su comunicado, la aFFaC recuerda que los centros con más dificultades concentran alumnado en situación de vulnerabilidad social, y reclama más recursos estables, profesionales especializados y políticas para reducir desigualdades. También reprocha al Departament la reducción de educadores e integradores sociales, especialmente en la escuela pública, bajo criterios presupuestarios.
Con este escenario, la comunidad educativa exige al Govern que detenga el plan piloto y apueste por medidas estructurales que den respuesta real a los problemas de convivencia en las aulas.
