El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el plan estatal de lucha contra la corrupción anunciado por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el pasado 9 de julio después de la imputación del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. El plan, que habrá que desplegar mediante modificaciones legales en el Congreso de los Diputados, contiene 15 medidas. Entre otras, incluye la creación de una agencia pública independiente que se encargará de prevenir, combatir y perseguir la corrupción; una lista negra de empresas corruptoras para que no puedan contratar más con la administración pública, y controles patrimoniales a los altos cargos. También la retirada de subvenciones a los partidos que mantengan en las direcciones a personas condenadas por corrupción.
El primer eje del plan es la prevención de riesgo y el fortalecimiento de los controles. Incluye seis medidas que pasan por la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, una agencia anticorrupción, que asumirá las competencias clave en materia de prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas. Unificará las competencias de varios organismos estatales y se encargará de coordinar las actuaciones. La agencia tendrá facultades para iniciar investigaciones, supervisar el cumplimiento de las normativas clave y articular mecanismos de protección para los informadores de corrupción.
La segunda medida es extender la metodología que se aplica a los fondos Next Generation a toda la administración del Estado. Así, se crearán mapas de riesgo y se utilizarán herramientas de análisis avanzada de datos para detectar vulnerabilidades en procesos críticos de contratación, subvenciones y en la gestión presupuestaria. Para hacerlo, la administración utilizará aplicaciones de IA en la plataforma de contratación del sector público para "automatizar y optimizar la identificación de patrones anómalos e indicios de fraude".
Examen patrimonial a los altos cargos
La tercera es establecer nuevas herramientas de transparencia en la administración pública con información sobre contratos, convenios y subvenciones, además de cuentas anuales, retribuciones del personal, declaraciones de bienes y una agenda institucional de altos cargos. Incluye la obligación de los trabajadores públicos de informar sobre posibles conflictos de intereses y denunciar posibles casos de fraude. Los altos cargos deberán tener dedicación exclusiva y someterse a un examen patrimonial al final de su mandato, pero también podrán recibir exámenes adicionales aleatorios durante todo su mandato. Estos exámenes los llevará a cabo la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Transformación Digital.
La cuarta medida es transformar la Plataforma de Contratación del Sector Público en una herramienta de nueva generación que utilizará la inteligencia artificial y el análisis avanzada de datos para prevenir el fraude y la corrupción. Hará auditorías a gran escala para detectar patrones irregulares. La quinta es la Ley de lobbies que ya se encuentra en tramitación parlamentaria. Se creará un Registro de Grupos de Interés que documentará los encuentros con altos cargos de las administraciones públicas durante la fase de preparación de los anteproyectos de ley. Los altos cargos estarán obligados a dar a conocer estos encuentros, y los ciudadanos podrán ver contactos a través de un portal de visualización.
Control sobre los partidos
El plan también incluye medidas destinadas a incrementar el control sobre los partidos políticos. Se modificará la ley de financiación de las formaciones para obligar a los partidos y sus fundaciones que reciban fondos públicos superiores a 50.000 euros a contratar una auditoría externa independiente sobre sus cuentas. Si no lo hacen podrían perder el derecho a recibir subvenciones públicas y se enfrentarán a nuevas sanciones. Además, los partidos deberán hacer públicas las donaciones que reciban.
Protección a los informadores
La séptima medida es la protección efectiva de los informadores. Se trata de garantizar su anonimato y asegurar que no reciben represalias. El plan introduce en la Lecrim el derecho a la confidencialidad, la protección y el apoyo legal a las personas que exponen prácticas corruptas.
Reforzamiento del sistema judicial
En el ámbito de la Justicia se crearán secciones especializadas en “delitos contra la administración pública” y se dará carácter preferente a las causas que involucren a cargos públicos para evitar “dilaciones” que perjudiquen la confianza de la ciudadanía.
También se reforzará la Fiscalía Anticorrupción con más medios y personal y se dará a la fiscalía la instrucción de los procesos penales. En este mismo capítulo, se dará carácter preferente a las causas que involucren a cargos públicos y se ampliarán los plazos de prescripción del delito.
Lista negra de empresas corruptoras
La novena medida es un endurecimiento de las sanciones a las empresas corruptoras. Se endurecerán las penas por delitos contra la administración pública y se aumentarán las multas sobre las empresas corruptoras calculándolas sobre los ingresos anuales, y no sobre los beneficios. Además, el gobierno español pondrá en marcha un “sistema de exclusión y listas negras” para evitar que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir recibiendo contratos.
Penas más duras
La décima medida es un endurecimiento del castigo por corrupción. El plan propone una modificación del Código Penal para penalizar la obstrucción a la justicia en estos casos, vincular los beneficios penitenciarios a la completa restitución de las cantidades obtenidas mediante prácticas corruptas y recuperar el delito de administración desleal del patrimonio público.
Recuperar el dinero
La undécima medida es reforzar con más presupuesto y personal la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) que ya funciona. La duodécima crear la figura del "decomiso administrativo" cuando exista un vínculo con una actividad delictiva avalada por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
Además, el plan incluye como decimotercera medida el establecimiento de programas de formación obligatoria de buenas prácticas en materia de integridad y prevención de la corrupción para personal del sector público. La decimocuarta es una campaña social para fortalecer la concienciación anticorrupción e informar al público de la necesidad de denunciar, y la decimoquinta y última es una encuesta anual sobre percepción y experiencia de la corrupción en España.
