El gobierno español ha aprobado, este martes en Consejo de Ministros, el procedimiento para que los afectados por los incendios forestales en Torrefeta i Florejacs (Segarra) y Paüls (Baix Ebre) soliciten ayudas económicas. Lo ha hecho a través de la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil (antiguamente denominada zona catastrófica) de estas dos poblaciones catalanas y de todas aquellas afectadas por las llamas y las fuertes lluvias registradas en el Estado entre el 24 de junio y el 25 de agosto (incluye las inundaciones del 13 y el 22 de julio en Cataluña), según ha precisado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El ministro ha afirmado que esta consideración afecta a un total de 16 comunidades autónomas.
En global, los tres puntos catalanes concentraron más de 8.000 hectáreas quemadas. El incendio de Paüls, que se inició el 7 de julio y se dio por extinguido el día 15 del mismo mes, quemó 3.321 hectáreas de superficie agrícola y forestal. En el marco de las tareas de extinción murió un agente de los Bomberos al caer por un precipicio de 20 metros cuando estaba sentado en una roca de grandes dimensiones.
En cuanto a Torrefeta i Florejacs, que se declaró a principios de julio, afectó a 5.600 hectáreas y se consideró el primer incendio de sexta generación de Cataluña. En estos incendios perdieron la vida dos agricultores de una finca agrícola, cuyos cuerpos fueron encontrados en Coscó, núcleo de Oliola (Noguera), cerca de Agramunt (Urgell).
Marlaska ha concretado que entre el 24 de junio y el 25 de agosto se registraron 121 episodios de emergencias de protección civil y de estos, 114 fueron incendios forestales. También ha recordado que aún no se han acabado los fuegos en España y ha definido la situación como una “de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años”.
El titular de Interior no ha precisado los tipos de medidas recogidas en la declaración de “zona catastrófica”, pero ha señalado que “permite a todos los departamentos competentes que empiecen a dictar órdenes y resoluciones oportunas”. En este sentido, ha apuntado a medidas de los ministerios como el de Hacienda con exenciones fiscales; el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con bonificaciones en su ámbito; en materia laboral el de Trabajo y Economía Social y el de Agricultura, Pesca y Alimentación ayudas por los “daños sufridos”.
