El grupo parlamentario Junts ha presentado una proposición de ley destinada a fijar un salario mínimo de referencia catalán situado en los 1.400 euros mensuales. Según ha explicado el diputado Joan Canadell a la ACN, esta normativa pretende crear un "marco de referencia" que se ajuste al coste real de la vida en Cataluña, aunque no puede sustituir el salario mínimo interprofesional (SMI), ya que este es competencia exclusiva del gobierno estatal.
Ámbito de aplicación y obligaciones
La propuesta establece que este salario mínimo será obligatorio solo dentro del ámbito de la Administración pública catalana, así como en las entidades y organismos que forman parte del sector público local. Además, se quiere que sirva como "criterio de adjudicación y valoración prioritario" en procesos de contratación pública y concesión de subvenciones.
Criterios basados en recomendaciones europeas
Dentro del texto registrado, Junts recuerda que la Carta Social Europea y directivas del Parlamento Europeo recomiendan situar los salarios mínimos aproximadamente en el 60% de la mediana salarial territorial. En palabras de Canadell, esta cifra para Cataluña estaría cerca de los "1.400 euros mensuales", cantidad que proponen establecer legalmente.
Motivos para impulsar la ley
Este diputado ha indicado que su partido ya había presentado diversas propuestas en el Parlament —mediante mociones y propuestas de resolución— para implementar este salario mínimo catalán. Sin embargo, ahora buscan convertirlo en ley porque ni el exconsejero de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, ni el actual titular Miquel Sàmper "se han movido" sobre este tema.
Mecanismos de actualización anual
Concretamente, la iniciativa plantea que el gobierno determine anualmente el Salario Mínimo de Referencia atendiendo diversos factores: la mediana salarial catalana, la evolución del coste de vida, indicadores macroeconómicos y de ocupación, así como informes emitidos por los órganos de concertación social. Este ajuste se haría mediante decreto.
Cifra inicial propuesta y comparativa con el SMI estatal
El importe inicial previsto es fijarlo en 1.400 euros mensuales para el año 2026, lo que equivaldría a unos 19.600 euros brutos anuales por una jornada completa. Canadell ha detallado que esto supone un aumento respecto a los actuales 1.221 euros mensuales establecidos por el SMI estatal, incremento oficializado precisamente este martes.
Estructura participativa: Mesa de Concertación Social
Además, el texto incorpora la creación de una Mesa de Concertación Social del Salario Mínimo de Referencia, concebida como un "órgano colegiado de participación, consulta y asesoramiento" encargado de elaborar informes preceptivos pero no vinculantes sobre la determinación y revisión del salario mínimo. Su composición y funcionamiento se definirían reglamentariamente.
Aproximación progresiva hacia un SMI catalán propio
Bajo el lema "un primer paso", Canadell ha manifestado que esta ley pretende ser una etapa intermedia antes de alcanzar un verdadero salario mínimo interprofesional catalán: "Nuestra ley puede ser la etapa transitoria hasta llegar a un salario mínimo catalán (...) Es empezar a caminar".
Además, ha destacado datos recientes según los cuales nueve de los diez convenios catalanes incluyen categorías salariales inferiores al nuevo salario mínimo propuesto: "Tenemos que hacer lo que sea para cambiar esto".
Evaluación de los soportes políticos y sociales
Hace tan solo unos días Junts llevó esta misma iniciativa al debate monográfico sobre ascensor social celebrado en el Parlament; a pesar de ello no prosperó. En cambio, sí que se aprobó una propuesta similar presentada por ERC para elevar el sueldo mínimo hasta el 60% del salario medio.
En relación con las expectativas sobre los apoyos parlamentarios necesarios para que prospere la ley, Canadell ha afirmado: "Haremos todo lo posible para que ERC pase al sí" así como intentar evitar que el PSC "bloquee el trámite" con vistas a abrir la tramitación parlamentaria.
Asimismo han iniciado una ronda con agentes sociales, sindicatos y patronales para analizar la viabilidad del proyecto legal: "Queremos una ley abierta, dispuesta a dialogar y mejorar durante todo el proceso parlamentario", ha concluido.
