La Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE) junto con la Asociación Celíacos de Cataluña han pedido que se desbloquee la tramitación del registro estatal de personas afectadas por esta enfermedad. En un comunicado reciente, las dos organizaciones han criticado la "paralización" que sufre la proposición de ley relativa a la compensación económica para los pacientes celíacos, iniciativa registrada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y aprobada el pasado 21 de octubre de 2025.
Además, han recordado que esta propuesta obtuvo en el Congreso de los Diputados un "apoyo mayoritario del 97%", hecho que evidencia el consenso político en torno al tema. Las entidades han remarcado que el objetivo principal de esta normativa no solo es crear un listado oficial de los celíacos, sino también establecer una ayuda directa anual de 600 euros destinada a "compensar el sobrecoste alimentario" derivado de esta condición.
El impacto económico y alcance social
Según las asociaciones, el impacto presupuestario estimado para implementar esta medida es de unos 60 millones de euros anuales, cantidad pensada para cubrir aproximadamente 100.000 personas diagnosticadas, con un pronóstico de 400.000 ciudadanos, los costes podrían llegar hasta los 288 o 300 millones de euros.
Censura a las dilaciones injustificadas
Ambas entidades han expresado su desacuerdo con los retrasos acumulados en la tramitación parlamentaria, atribuidos a "sucesivas ampliaciones del plazo, sin que se hayan explicitado razones técnicas o jurídicas". Estas dilaciones perpetúan una situación de "desigualdad" entre las personas con enfermedad celíaca. Además, subrayan cómo esta problemática se hace especialmente grave en zonas concretas como los archipiélagos donde los precios de los productos sin gluten son notablemente superiores.
Llamada al diálogo político y agilidad legislativa
Ante este escenario, la FACE y la Asociación de Celíacos de Cataluña instan a los grupos parlamentarios así como a la Mesa del Congreso a que "faciliten la tramitación" legislativa pertinente y abran paso a un debate "constructivo" al respecto.
El objetivo final es avanzar hacia un marco normativo que ofrezca un apoyo "estable y justo" para los colectivos afectados por la enfermedad celíaca, tal como han reiterado desde las asociaciones.