El Parlament ha validado este miércoles el decreto ley de medidas urgentes en materia de transporte público interurbano de viajeros por carretera, que prevé ampliar hasta un máximo de seis años las concesiones actuales de autobuses para facilitar la renovación de la flota. La norma ha salido adelante con los votos de PSC, Junts, ERC y PP y la abstención de AC, y fija el objetivo de que el 1 de enero de 2029 el 75% de la flota interurbana esté descarbonizada. Comuns, Vox y la CUP han reprochado al Govern que opte por prorrogar concesiones en lugar de licitar de nuevo el servicio y han cuestionado que el decreto no se tramite como proyecto de ley para poder presentar enmiendas.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha defendido que el decreto responde a dos necesidades principales: el aumento de la demanda del transporte interurbano y el reto de la descarbonización. Según ha expuesto, en 2025 se alcanzó un “máximo histórico” de 90 millones de viajeros en los autobuses interurbanos, con un incremento sostenido del 28% desde 2019, equivalente a unos 20 millones más de viajes anuales.
En cuanto a la flota, la consellera ha explicado que actualmente hay 1.597 vehículos en servicio en Cataluña, de los cuales solo 25 son eléctricos, un 1,6% del total. El decreto prevé que las empresas operadoras presenten, en un plazo máximo de tres meses, un plan individualizado de descarbonización y de mejora de la información para cada una de las concesiones. Estos planes deberán incluir inversiones concretas, calendarios de ejecución y mecanismos de supervisión por parte del Departament.
La inversión prevista para actualizar la flota es de 762 millones de euros, que, según Paneque, asumirán íntegramente las empresas operadoras. A cambio, el decreto permite ampliar el plazo concesional hasta un máximo de seis años para facilitar la amortización de las inversiones. La consellera ha defendido que se trata de un “buen acuerdo” porque permite avanzar en la mejora del servicio y en la transición hacia una movilidad más limpia.
El decreto también incorpora medidas para desplegar la T-mobilitat y mejorar la información a los usuarios. Las operadoras deberán ofrecer información en tiempo real sobre los tiempos de paso, avisos inmediatos de incidencias, geolocalización de los vehículos y datos de ocupación de los autobuses. Paneque ha afirmado que estas medidas deben servir para hacer el sistema más eficiente y más ajustado a las necesidades del territorio.
Junts, ERC, el PP y el PSC han dado apoyo a la validación del decreto. En cambio, Comuns, Vox y la CUP han votado en contra, mientras que Aliança Catalana se ha abstenido. Comuns, Vox y la CUP han pedido que el decreto se tramitase como proyecto de ley, pero la propuesta ha sido rechazada por 111 votos en contra y 23 a favor.
