Aprobada la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado de los hijos

Según subrayó Yolanda Díaz, el objetivo es “garantizar derechos, reducir desigualdades y avanzar en igualdad real entre mujeres y hombres”

10 de septiembre de 2025 a las 15:05h

Este martes, el Congreso de los Diputados dio el visto bueno definitivo al real decreto que amplía los permisos de maternidad y paternidad en el Estado. La medida salió adelante con un amplio consenso: todos los grupos votaron a favor, con la única excepción de Vox, que se abstuvo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue la encargada de defender el texto. Según subrayó, el objetivo es “garantizar derechos, reducir desigualdades y avanzar en igualdad real entre mujeres y hombres”.

¿Qué cambia con la nueva normativa?

  • Más tiempo de permiso por nacimiento: Cada progenitor tendrá ahora 17 semanas de permiso retribuido, una más que hasta ahora. Las seis primeras deberán disfrutarse justo después del parto o la adopción y de forma obligatoria. El resto se podrán repartir hasta que el menor cumpla un año, con la posibilidad de acordar jornadas parciales con la empresa.
  • Nuevas semanas para el cuidado de menores: Se añaden, además, dos semanas adicionales de permiso pagado para el cuidado de los hijos, que se pueden utilizar en cualquier momento hasta los ocho años. Esto hace que el total de semanas disponibles por familia llegue a 19. Estas semanas se acumularán al permiso no retribuido que ya existía.
  • Ventajas para familias monoparentales: Las unidades familiares con un solo progenitor ven ampliado aún más el tiempo disponible: 28 semanas de permiso por nacimiento (en lugar de 26) y 4 semanas adicionales para el cuidado de menores, lo que supone hasta 32 semanas en total.

Es necesario avisar con un mínimo de 15 días de antelación a la empresa. Si ambos progenitores trabajan en el mismo centro, la empresa puede limitar que coincidan los permisos siempre que exista una justificación escrita.

La Seguridad Social será quien asumirá el pago, con prestaciones calculadas al 100% de la base reguladora. El ejecutivo calcula que el impacto presupuestario será de unos 1.500 millones de euros.

Con este cambio, España se sitúa por encima de los mínimos exigidos por la Unión Europea y refuerza el compromiso con la conciliación laboral y familiar.