Junts per Catalunya ha registrado en el Congreso de los Diputados una propuesta para reforzar los mecanismos de control y validación documental en la concesión de los permisos de paternidad para trabajadores migrantes temporeros. El objetivo es evitar fraudes en la percepción de esta prestación, que puede alcanzar los 7.000 euros por solicitud, y garantizar que la ayuda cumpla su finalidad: el contacto efectivo entre el padre y el hijo recién nacido. La iniciativa, presentada por el diputado leridano Isidre Gavín, insta al gobierno español a hacer cumplir la normativa vigente y, si es necesario, modificarla para introducir más garantías de transparencia y verificación.
Esta propuesta llega después de que las principales entidades del sector agrario lleven desde 2022 alertando sobre un uso indebido de esta prestación por parte de algunos trabajadores extranjeros contratados para las campañas de la fruta. Según estas organizaciones, se han detectado casos reiterados de solicitudes múltiples o fraudulentas, en que los solicitantes no justifican debidamente el nacimiento del hijo o su estancia efectiva en el país de origen. A pesar de los reiterados avisos, denuncian que hasta ahora el gobierno español no ha actuado con la contundencia necesaria.
La Proposición no de Ley registrada por Junts propone modificar el artículo 30.2 del Real Decreto 295/2009, para reforzar los requisitos de documentación cuando el nacimiento ha tenido lugar fuera del Estado. Esto incluye la obligación de presentar certificados de nacimiento, de llegada y de estancia, todos ellos validados por el consulado o embajada española correspondiente, y con plazos estrictos: la persona debería presentarse ante la autoridad consular en un máximo de 15 días después del nacimiento y aportar prueba de permanencia antes de reincorporarse al trabajo.
En caso de incumplimiento de los requisitos, la propuesta establece la revocación de la prestación y el retorno íntegro de los importes recibidos. También se prevé que las empresas puedan emprender acciones legales si se demuestra un perjuicio económico derivado de una baja fraudulenta.
Junts no cuestiona el derecho a recibir la prestación, pero reclama un uso responsable
Junts, que ha sido representada por el mismo Gavín, por la cabeza de lista de Junts en las comarcas de Lleida, el Alt Pirineu y el Aran, Jeannine Abella, por el presidente de la sectorial del Primer Sector, Manel Cónsola, y por el responsable del ámbito de trabajo y seguridad social del grupo parlamentario de Madrid, Josep Maria Cervera, insiste en que la medida no cuestiona el derecho de los trabajadores extranjeros a percibir la prestación por paternidad, pero sí reclama su uso responsable y ajustado a la ley. "Se pide a los agricultores que cumplan estrictamente la normativa laboral, y es de justicia que la administración estatal tenga el mismo nivel de exigencia con la tramitación de estas ayudas", ha afirmado Isidre Gavín.
La iniciativa cuenta con el apoyo explícito de las principales organizaciones agrarias del territorio: Unió de Pagesos, Revolta Pagesa, Asaja, Afrucat y JARC. Estas entidades han participado en una reunión mantenida esta mañana con el diputado Gavín en Lleida, antes de la atención a los medios de comunicación, excepto JARC, a quien no le ha sido posible asistir, a pesar de dar apoyo a la propuesta.
Gavín ha expresado su voluntad de negociar esta propuesta con el gobierno español. "Si el ejecutivo muestra predisposición a aplicar las medidas propuestas —o al menos a hacer cumplir la normativa actual— el grupo estaría dispuesto a retirar la iniciativa. En caso contrario, la PNL seguirá su trámite parlamentario para ser debatida y votada en comisión", ha remachado el diputado por Lleida.
