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En Lleida tenemos un problema de seguridad y civismo, pero también tenemos un problema de gobierno. Y conviene no confundirlos.
El gobierno socialista de la Paeria acumula anuncios, comités, planes, ordenanzas y nuevos dispositivos policiales, pero cada nuevo anuncio plantea más preguntas que respuestas. Hace pocos días nos explicaban que había que crear un comité de expertos para asesorar al alcalde en materia de seguridad. Ahora, casi sin tiempo para que aquella decisión pueda dar ningún resultado, aparece un nuevo anuncio: un equipo específico de la Guardia Urbana para perseguir los incumplimientos de la ordenanza de civismo.
¿En qué quedamos?
Si hacía falta un comité de expertos, ¿qué estaba haciendo hasta ahora el gobierno? Y si ahora hay que crear un nuevo equipo policial, ¿qué ha fallado hasta ahora? La ciudadanía tiene derecho a saber cuál es la estrategia del gobierno socialista porque, a estas alturas, lo que percibe es una sucesión de anuncios que se pisan los unos a los otros.
Y quiero ser muy claro en una cuestión: no acepto que se traslade la responsabilidad a los agentes de la Guardia Urbana. Los policías hacen su trabajo. Están ahí cada día, actúan ante las incidencias, levantan actas, tramitan denuncias y hacen cumplir, dentro de sus posibilidades, las ordenanzas municipales. El problema no es cargar sobre los agentes las consecuencias de una política municipal deficiente.
La pregunta que debería responder el gobierno es mucho más incómoda: de todas las sanciones que se imponen, ¿cuántas se ejecutan y cuántas se cobran?
Porque aprobar una norma es relativamente fácil. Anunciar una nueva unidad también. Lo difícil es garantizar que la norma se cumpla y que las sanciones tengan consecuencias efectivas. Y aquí aparece una de las grandes contradicciones del gobierno socialista.
Se anuncia un nuevo equipo de la Guardia Urbana, pero la plantilla no se multiplica por arte de magia. Por lo tanto, ¿de dónde saldrán los agentes? ¿Los sacarán de otros servicios? Si es así, ¿qué servicio dejarán de prestar? ¿Cuál es la planificación? ¿Qué efectivos habrá en la calle? ¿Qué objetivos tendrá este dispositivo y cómo se medirán sus resultados?
No podemos gobernar una ciudad a golpe de titular.
Y todavía es más difícil de entender que este anuncio llegue cuatro días antes de la aprobación de la nueva ordenanza de civismo. Primero anunciamos el dispositivo, después aprobamos la norma y, mientras tanto, los vecinos continúan esperando respuestas.
Lleida no necesita más propaganda de acción: necesita acción.
No necesitamos una ordenanza detrás de otra si después el Ayuntamiento no es capaz de garantizar su cumplimiento. No necesitamos nuevos anuncios si no hay recursos para ejecutarlos. Y no necesitamos comités que sirvan para justificar que el gobierno todavía está buscando una respuesta a un problema que los vecinos hace tiempo que denuncian.
El gobierno socialista debe dejar de mirar hacia otro lado para justificar sus carencias. La responsabilidad política es de quien gobierna. Los agentes ejecutan las decisiones políticas; no las toman.
La ciudadanía de Lleida está cansada de oír que todo está bajo control mientras los problemas persisten. Quiere calles tranquilas, comercios protegidos, espacios públicos respetados y normas que se cumplan. Y quiere, sobre todo, un Ayuntamiento que tenga un rumbo claro.
Porque cuando cada semana aparece una nueva solución, lo que queda en evidencia es que la solución anterior no funcionaba o que nunca ha habido una estrategia coherente.
Esto no es una cuestión de siglas. Es una cuestión de responsabilidad política.
Y la responsabilidad política consiste en gobernar, planificar, ejecutar y dar explicaciones. No en encadenar anuncios.
Lleida necesita menos ordenanzas anunciadas, menos comités y menos ocurrencias. Necesita más policía en la calle, más capacidad de ejecución, más control y más resultados.
En seguridad, anunciar no es gobernar. Gobernar es conseguir que las cosas pasen. Y esta es la responsabilidad que el gobierno socialista de la Paeria todavía tiene que asumir.