"No todo el que nace, vive y trabaja en Cataluña es catalán". Esta frase es una de las últimas proclamas que Aliança Catalana, por boca de Orriols, ha lanzado al espacio público. Lo hizo en un desayuno en el Fórum Europa Tribuna Catalunya, el pasado 17 de febrero, en un intento más de atizar el odio, usando una práctica antigua y recurrente en la historia que se fundamenta en el concepto de supremacía; es decir, la idea de que alguien, desde una posición superior, se cree con derecho a situarse por encima de los demás.
Esta frase es una réplica en negativo de aquella famosa del expresidente Jordi Pujol cuando, apremiado por muchos movimientos sociales y partidos políticos de izquierda en los años ochenta, dijo: “Es catalán quien vive y trabaja en Cataluña”. Un partido, Convergència, y un presidente, Jordi Pujol, que intentó a lo largo de sus años de gobierno en Cataluña patrimonializar las instituciones hasta el punto de que, cuando Convergència perdió las elecciones, fueron famosas las expresiones por parte de Marta Ferrusola, mujer del expresidente, que dejaban entrever que los “habían echado de casa”, en una sensación de pérdida de control y de influencia después de décadas de poder.
Décadas que marcaron los tiempos posteriores a la dictadura y la construcción del autogobierno de Cataluña. Y también años en que la práctica del poder se alejó, y mucho, de aquella frase que un día pronunció el expresidente; años en que, desde el poder, se repartían carnets de catalanidad, en este caso, entre las personas migradas de otros lugares de España a Cataluña.
Aquellas personas que habían dejado su tierra, sus lugares de origen —Andalucía, Extremadura, Galicia, Murcia—, con el dolor que eso representa, obligadas por la pobreza y la miseria, y que querían tejer, con su esfuerzo y su trabajo, un futuro mejor.
Personas que se veían confrontadas con un “los que no son de aquí”, “los que no son de los nuestros”, proveniente de un poder político que repartía —como decía— carnets de catalanidad y hacía calar en la sociedad que había ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, para el orgullo de los primeros y la tristeza profunda de los segundos.
En aquellos años fue necesario mucho trabajo, muchos esfuerzos colectivos y mucha responsabilidad, especialmente de las fuerzas políticas de izquierda y de las asociaciones y los colectivos comprometidos con la sociedad, para conseguir la normalización de una situación que, durante más de una generación, estuvo señalada por aquellos y aquellas que, desde su supremacía, querían “dominar” el tablero de juego y, en realidad, el poder.
Y es gracias a este trabajo sostenido en el tiempo, y comprometido por tantas y tantas personas de la sociedad civil y de las fuerzas políticas de izquierda, que pudimos ver —con mucha alegría para aquellos que luchaban por la igualdad y los derechos humanos, y el recelo de quienes se creían salvadores de la esencia del catalanismo— cómo los hijos y las hijas de estas personas que habían venido de otros lugares de España formaban parte de los bailes populares de pueblos y ciudades, de las fiestas más tradicionales de cada municipio; cómo, en la escuela, aprendían el catalán y eso les ayudaba a penetrar en ambientes y espacios sociales, a sentir que formaban parte de algo más grande que su núcleo familiar; y cómo fuimos capaces de integrarnos, entre unos y otros, formar nuevas familias compartidas y vislumbrar un futuro esperanzador.
No es extraño que hoy esto vuelva a ser un arma que la extrema derecha quiera esgrimir. Y que muchos y muchas pensábamos que era una etapa ya superada, gracias a esta historia reciente que, con esfuerzo, pero también con éxito, consiguió una convivencia integrada y pacífica. Quizás, para unos, todavía no perfecta; y quizás, para otros, demasiado impuesta. Pero la realidad dio la razón a un trabajo incansable de la escuela pública y de tantas entidades sociales comprometidas con la igualdad y los derechos humanos.
Ahora, después de escuchar las proclamas de los partidos políticos de extrema derecha y el silencio cómplice de los de la derecha, parece que de nuevo se nos gira trabajo. Porque es sabido que el concepto de desarraigo es el arma más poderosa que hay para desproveer a una persona de la esperanza de futuro y situarla en una posición de sumisión en relación con aquellos o aquellas que sí que esgrimen un arraigo como un pedigrí que te otorga un estatus determinado y, a la vez, crea una “tribu” capaz de todo para preservar su prevalencia.
Por eso, las personas que creemos en los derechos humanos, en los valores de la fraternidad, la igualdad y la libertad, y en el principio de solidaridad como faro para garantizar una convivencia pacífica, volvemos a ser interpelados.
Hay una batalla diaria que tenemos que librar, y de la cual no podemos rehuir.
Porque, más allá de nacer, vivir y trabajar, hay un arraigo que tiene que ver con la dignidad de las personas, que hace que alguien pueda “sentirse en casa” más allá de su color de piel, religión y origen, y que anhele formar parte de algo más grande que su propio núcleo familiar, que su entorno más inmediato, y que se llama Cataluña.
Y cuando esto se produce, hemos librado la batalla donde todos y todas hemos ganado.