En cada centro educativo hay personas que llegan antes que nadie y se van cuando el edificio vuelve a quedar en silencio. Somos quienes abrimos las aulas por la mañana, cuidamos las instalaciones, atendemos a las familias, tramitamos matrículas y resolvemos innumerables gestiones sin las cuales el sistema educativo simplemente no funcionaría. Sin embargo, este colectivo esencial —el Personal de Administración y Servicios— seguimos siendo uno de los más olvidados y menospreciados por la administración pública.
Bajo la responsabilidad de la Generalitat de Cataluña, miles de trabajadores sostenemos el funcionamiento diario de los centros educativos catalanes. Somos la primera cara que ven muchas familias cuando acuden al centro; quienes gestionamos expedientes, organizamos documentación, atendemos llamadas, coordinamos trámites y garantizamos que la maquinaria administrativa de la escuela no se detenga. A pesar de nuestro papel fundamental, nuestro trabajo sigue siendo sistemáticamente infravalorado.
La paradoja es evidente: quienes hacen posible que las escuelas funcionen son, al mismo tiempo, los trabajadores más castigados dentro de la estructura administrativa. Con salarios que oscilan entre los 1.100 y los 1.300 euros mensuales, muchos de estos profesionales nos hemos convertido en lo que la propia administración ha acabado generando: trabajadores pobres dentro del sector público.
La situación no es fruto de un problema reciente. En los últimos quince años, el personal de administración y servicios hemos sufrido una pérdida del 25% de nuestro poder adquisitivo. Una erosión constante provocada por la congelación salarial, la inflación acumulada y la falta de medidas reales de compensación. Mientras el coste de la vida no ha dejado de aumentar, nuestros salarios apenas han evolucionado.
Las consecuencias son cada vez más visibles. Muchos de estos trabajadores apenas conseguimos llegar a fin de mes. El precio de la vivienda, el incremento de las facturas energéticas y el encarecimiento de la cesta de la compra absorben prácticamente la totalidad de nuestros ingresos. Lo que debería ser un empleo público estable se ha convertido, para muchos, en una carrera permanente para cubrir gastos básicos.
Resulta difícil justificar que una administración que presume de defender los servicios públicos mantenga en condiciones precarias precisamente a quienes garantizan su funcionamiento cotidiano. La educación no se sostiene únicamente en las aulas ni exclusivamente en el trabajo ingente de un profesorado cada vez más infravalorado. Detrás de cada matrícula formalizada, cada expediente tramitado o cada familia atendida, hay profesionales que hacen posible que el sistema educativo funcione.
Ignorar esta realidad no solo es injusto para quienes ejercen estas tareas; también revela una profunda contradicción en la forma en que se valora el trabajo dentro de la misma administración. Si la educación es realmente una prioridad, reconocer y dignificar el trabajo del personal de administración y servicios debería ser una obligación inmediata.
Porque sin el PAS, las escuelas no abrirían cada mañana. Y sin embargo, seguimos siendo los grandes olvidados del sistema.
Por todas estas razones, el 20 de marzo el PAS de la Generalitat de Cataluña, junto al profesorado, estudiantes y otros colectivos vamos a la huelga. Porque defender la escuela pública, significa más inversión para la educación de nuestra juventud, pero también actualizar los salarios y poner fin a la precariedad de los más olvidados por la administración.