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No nos engañemos. Lo que pasa en Ceuta no se queda en Ceuta. Ni en Melilla. Ni en la frontera sur. Las decisiones que toma el Gobierno español en materia migratoria tienen consecuencias en toda España. También en Lleida. Y sería de una ingenuidad imperdonable pensar que Lleida quedará al margen de un fenómeno que el Estado gestiona con caos, desorden, sin suficiente previsión, sin suficiente control y sin explicar con claridad quién pagará la improvisada gestión.
Hay que decirlo sin rodeos: humanidad y control no son conceptos incompatibles. Atender a una persona que llega en una situación de vulnerabilidad es una obligación moral y legal. Pero proteger las fronteras, hacer cumplir las leyes e impedir que la inmigración irregular se convierta en una puerta de entrada permanente también es una obligación del Estado.
El problema aparece cuando la política migratoria deja de ser una política planificada y se convierte en una sucesión de parches.
Lleida conoce bien la realidad de la inmigración. La necesita en sectores como la agricultura, la ganadería, la industria agroalimentaria y los servicios. Miles de personas inmigradas trabajan, cotizan y forman parte de la sociedad leridana. Precisamente por eso hay que exigir una política seria. Porque integrar no significa simplemente dejar llegar. Integrar significa trabajo, vivienda, educación, sanidad, aprendizaje de la lengua y oportunidades, pero también exigir deberes, respeto por las normas y voluntad de integración. Y eso cuesta recursos y dinero.
Mucho más fácil es anunciar medidas desde un despacho de Madrid que explicar al ciudadano de Lleida qué costarán, quién las ejecutará y qué recursos adicionales recibirá el territorio. Los ayuntamientos, sin embargo, son los que después tienen que hacer frente a la emergencia habitacional, a los servicios sociales, a la escolarización, a la acogida y a las situaciones de vulnerabilidad.
Por eso la pregunta es inevitable: ¿quién pagará la negligente gestión del gobierno de Sánchez?
No sirve de nada que el Gobierno español adopte decisiones de alcance estatal si después son los municipios los que tienen que absorber sus consecuencias. ¿Y qué dice el gobierno socialista de la Paeria y sus cómplices? Silencio. Y su silencio ha llevado a Lleida al colapso y al límite. Lleida no es un cajón sin fondo. Sus servicios públicos tampoco.
Y todavía hay otra cuestión que no se puede esquivar: la seguridad.
Muchas de las personas inmigradas no delinquen y muchas contribuyen de manera decisiva a la economía ilerdense. Pero también sería igualmente irresponsable negar que un incremento de población, especialmente cuando se produce de manera rápida y sin una planificación adecuada, obliga a reforzar los servicios policiales, sociales y educativos. Y sí, cuando el sistema colapsa también afecta a nuestra seguridad y en Lleida lo sabemos bien.
La seguridad no es patrimonio de ninguna ideología. Es un derecho.
Y los ciudadanos de Lleida tienen exactamente el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a exigir calles seguras, servicios públicos eficientes y una administración que sepa lo que está haciendo.
Lo que no es aceptable es el silencio político.
Silencio cuando se habla del impacto sobre los municipios. Silencio cuando se habla del coste de los servicios. Silencio cuando se reclama más vivienda. Silencio cuando los ayuntamientos advierten que no tienen suficientes recursos. Y silencio, también, cuando una decisión adoptada a cientos de kilómetros de distancia acaba aterrizando en nuestros barrios, pueblos y ciudades.
La inmigración ordenada puede ser una oportunidad. La inmigración mal gestionada, en cambio, tensiona servicios, vivienda y convivencia. Negar esta realidad no es solidaridad: es irresponsabilidad.
Lleida no pide privilegios. Pide que no la conviertan en la pagadora silenciosa de decisiones que no ha tomado.
Ceuta puede estar lejos. Pero las consecuencias pueden llegar mucho más cerca de lo que algunos políticos quieren admitir.
Y si los gobiernos continúan callando, alguien tendrá que hacer las preguntas que ellos prefieren evitar.
Lleida no puede pagar el precio del desorden.
