Casi siete años de gobernanza republicana en la Diputación de Lleida han servido para demostrar que otra manera de hacer política institucional no solo era posible, sino necesaria. Una manera de hacer con valores claros y coherentes: reparto equitativo de los recursos, reconocimiento real de la autonomía municipal y una gestión basada en la transparencia y la rigurosidad. Pero sobre todo, una manera de hacer comprometida con el territorio y con su diversidad.
Este compromiso se ha traducido en una idea sencilla, pero potente: si queremos cohesión territorial y social, debemos reforzar los ayuntamientos. Son la primera puerta donde llama la ciudadanía. Son los que gestionan la proximidad, los servicios, las urgencias y las oportunidades del día a día. Y por eso, mantener el criterio de equidad como columna vertebral de la cooperación y la colaboración institucional ha sido, y sigue siendo, un acto de justicia territorial. Porque no hay municipios de primera y de segunda. Y porque el progreso no puede quedar concentrado solo allí donde es más fácil invertir.
Los frutos de este trabajo bien hecho nos han traído donde estamos ahora. Cerramos el ejercicio 2025 con una ejecución presupuestaria histórica: un 70% ejecutado del presupuesto final y más de un 130% de ejecución del presupuesto inicial. Son cifras que, más allá del porcentaje, hablan de una institución que ha aprendido a planificar mejor y, sobre todo, a transformar presupuesto en acciones concretas. Y esto no es menor: en una administración, la capacidad de ejecutar es la capacidad de dar respuesta.
Es precisamente este alto nivel de ejecución —y también un índice muy bajo de endeudamiento— lo que nos ha permitido, en el pleno del mes de marzo, sacar adelante una modificación presupuestaria de 28,6 millones de euros. Una herramienta clave para seguir convirtiendo los recursos disponibles en inversión útil y en servicio público. De aquí sale, por ejemplo, un plan de caminos de 5 millones de euros para arreglar y mejorar caminos municipales, tan imprescindibles para la vida cotidiana de muchos pueblos, para la actividad agraria y para la seguridad. Y también 4,2 millones de euros para continuar el despliegue de la fibra óptica en todo el territorio, porque hoy la conectividad no es un lujo: es un derecho, es competitividad, es igualdad de oportunidades.
Los recursos están y los recursos llegan. Hemos encontrado la fórmula. En los últimos planes impulsados —los 30 millones de euros para mejoras en la red del agua, equipamientos deportivos o retirada de amianto; los 200.000 euros del plan económico en Educación; los diferentes planes de Cooperación, Salud y Deportes— hemos apostado por la modalidad de transferencias. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero llega de forma ágil y directa a los ayuntamientos y son los consistorios quienes deciden cómo gastárselos. Sin laberintos, sin burocracias eternas, sin tutelas innecesarias.
Autonomía municipal de verdad. Porque la gobernanza republicana no es un eslogan; es una práctica. Y se practica cuando se confía en la democracia local, cuando se respeta el criterio de cada alcalde y alcaldesa, cuando se reconoce que quien mejor sabe qué necesita un pueblo es quien vive allí y quien gestiona su día a día. Esto es municipalismo. Y esto es también dignidad institucional: la Diputación no puede ser un freno ni un espejo lejano; debe ser una palanca.
Nos queda mucho trabajo por hacer, con toda seguridad. Pero también tenemos un año por delante para continuar haciendo de esta institución un baluarte municipalista que esté, verdaderamente y sin fisuras, al lado de los municipios. Porque cuando los municipios ganan fuerza, el territorio gana futuro. Y porque su fuerza son nuestras oportunidades: las de todos y todas las personas que vivimos en Lleida, Pirineo y Arán.