El campo no necesita grandes discursos, necesita soluciones. Y eso es lo que hemos intentado hacer desde Junts en el Congreso de los Diputados: convertir reivindicaciones históricas del sector agrario en decisiones políticas concretas.
Un ejemplo claro es la doble potencia eléctrica para el regadío, una demanda que hacía años que el sector reclamaba. No tenía ningún sentido que las comunidades de regantes tuvieran que pagar la misma potencia eléctrica todo el año cuando el consumo es claramente estacional. Con la enmienda que impulsamos, hemos conseguido que explotaciones agrarias, cooperativas y comunidades de regantes puedan disponer de dos potencias diferentes a lo largo del año, adaptando los costes energéticos a la realidad de la campaña de riego. Es una medida de sentido común que puede aligerar significativamente la factura energética del sector.
Pero no ha sido la única mejora. En la misma ley también hemos conseguido corregir planteamientos que perjudicaban directamente al campesinado. Inicialmente, la normativa contra el desperdicio alimentario podía acabar considerando residuo parte de la producción agraria que no se comercializa por motivos de tamaño, apariencia o precio. Una interpretación que habría impuesto obligaciones imposibles a los pequeños y medianos productores. Con nuestras enmiendas, hemos conseguido que estos agricultores queden exentos de estas exigencias desproporcionadas.
También hemos trabajado para adaptar la normativa laboral a la realidad del campo, recuperando los contratos temporales de hasta 120 días para los trabajadores temporeros. El modelo de fijos discontinuos no respondía a las necesidades reales de muchas explotaciones agrarias y generaba más problemas que soluciones.
Todas estas decisiones tienen una importancia especial para las comarcas de Lleida, un territorio donde la agricultura, la ganadería y el regadío son pilares económicos y sociales. Pero también demuestran que, cuando se trabaja con conocimiento del territorio y escuchando al sector, se pueden impulsar medidas que benefician al conjunto del país.
Defender el campo es defender la economía productiva, el equilibrio territorial y el futuro de nuestro mundo rural. Y esta seguirá siendo una de las prioridades del trabajo que hacemos en el Congreso.
Y la lucha continúa. En estos momentos, la lucha por reducir la fiscalidad de la energía, del gasóleo agrario y de la electricidad, para ayudar al sector ante las consecuencias de la guerra de Irán, es nuestra siguiente batalla, y la libraremos.
