El 7 de diciembre los vecinos de Gósol votaron en referéndum pasar de la provincia de Lleida a la de Barcelona, donde ya se inscriben el resto de municipios del Berguedà. Torà y Biosca cambiaron de comarca en 2023, de la Segarra al Solsonès. Son los pocos movimientos que se han producido o que se producirán en la demarcación provincial de Lleida, que se suman a otros como la creación de las comarcas del Moianès y el Lluçanès o de la veguería del Penedès. Cambios quirúrgicos, fruto de reivindicaciones históricas o de la presión social del momento, que ponen de manifiesto la falta de un análisis general y profundo del modelo de organización territorial de Cataluña.
Precisamente con este objeto, revisar y racionalizar el mapa del país, en diciembre del año 2000 se presentaba el conocido como Informe Roca, elaborado por geógrafos y juristas representativos del arco parlamentario. El Informe acabó en un cajón, entre otros motivos porque tocó el tabú de la fusión de los municipios de menos de 250 habitantes. Pero señalaba acertadamente la corrección de disfunciones que a lo largo de los años se han manifestado o agravado: ¿qué sentido tiene que Flix pertenezca a Balaguer y no a la Sentiu de Sió, que los vecinos del Hostal Nou y la Codosa tengan el ayuntamiento en Vallfogona de Balaguer, cuando forman un continuo urbano de la capital comarcal, que los de la Ametlla del Montsec tengan que cruzar la Noguera Pallaresa o que Gerb permanezca en el municipio de Os de Balaguer, cuya capital municipal ya ha superado en habitantes, y con quien solo confronta por la Torreta dels Quatre Batlles?
En los últimos tiempos, los sucesivos gobiernos de la Generalitat han acelerado el despliegue de sus servicios territoriales, si bien en un contexto de digitalización en el que la territorialidad pesa cada vez menos en la gestión de ciertos servicios públicos. Y el Parlament ha aprobado la Ley del Estatuto de municipios rurales, que consagra que ante realidades locales desiguales hay que establecer reglas e instrumentos diferentes. Pero a la hora de abordar la reforma de la administración y la desburocratización, una de las metas de esta legislatura, la cuestión territorial vuelve a brillar por su ausencia
De una vez por todas, hay que actuar con valentía y apostar por una verdadera regionalización de Cataluña. Debemos superar la división provincial española, que descuartiza el país en cuatro demarcaciones que no responden a la realidad geográfica ni social y que ha dado lugar a absurdos como el lema “La nieve de Lleida” o la estación Lleida-Pirineos. La sustitución de las diputaciones por los consejos de veguería es perfectamente posible, y más en un contexto de fuerza del catalanismo en Madrid. Acompañado de una reforma de los consejos comarcales, el sistema veguerial entroncaría con siglos de historia del derecho público genuinamente catalán, como en Balaguer o en Almenar hemos recuperado la Paeria. Indudablemente, debería incorporar competencias en urbanismo, vivienda y medio ambiente. Y reforzar, especialmente en Ponent, las funciones de cooperación y asistencia técnica a los municipios.
Cataluña necesita un modelo propio, eficiente y arraigado a su historia para afrontar los retos del siglo XXI. Después de tanto hablar de ello, es hora de hacerlo posible, con el máximo consenso pero sin perder la ambición.
