El grupo municipal de Junts defendió en el pleno de Tarragona una moción para regular el padrón municipal, evitar los fraudes y garantizar que el arraigo fuera un criterio de preferencia en el acceso a la vivienda pública. Según remarcaron, este ya lo era. La propuesta, ajustada a la ley, estaba pensada para proteger a los vecinos que vivían y tributaban realmente en la ciudad.
El portavoz de Junts en Tarragona, Jordi Sendra, afirmó que el fraude en el padrón era un problema que preocupaba a los ciudadanos y criticó que “la alianza tarraconense de Comunes, ERC, PSC, Vox y la concejala tránsfuga escondían los problemas de los tarraconenses bajo la alfombra de lo políticamente correcto”.
Junts subrayó que el padrón era la puerta de entrada a servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la vivienda pública. Sin un padrón riguroso, según advirtieron, se abrían puertas al fraude y se generaban agravios contra los tarraconenses que cumplían. Por eso, plantearon una ordenanza propia que lo regulara y un régimen sancionador. También propusieron valorar el arraigo al máximo que permitía la ley, tres años, dentro de las bases de vivienda pública, sumándolo a factores sociales como la renta, la unidad familiar o la discapacidad.
Sendra destacó que “nosotros proponemos soluciones y hacemos el trabajo que toca: prevenir el fraude y proteger la igualdad de oportunidades. La ley nos da herramientas suficientes y otras ciudades como Sant Cugat, Lleida o Vila-seca ya han destapado irregularidades graves gracias a actuaciones similares, aquí han elegido mirar hacia otro lado”.
El portavoz lamentó que “Comunes y Vox, desde extremos opuestos, coincidieran en una misma alianza para esconder bajo la alfombra los problemas de Tarragona. Unos porque negaban que existieran, los otros porque preferían utilizarlos para dar miedo, pero ambos votaron para mantener el inmovilismo y hacer un ‘quien día pasa año empuja’. Los Comunes se llenan la boca de derechos y contra Tarragona votaron igual que Vox”.
Sendra subrayó también que “un delito no podía generar derechos. Ocupar un inmueble de forma ilegal no podía ser la puerta de entrada a recursos públicos. El padrón debía ser serio y transparente, un instrumento que diera oportunidades a quienes realmente vivían en Tarragona y contribuían en ella”.
Finalmente, advirtió que “Junts había marcado una línea clara y prioritaria para Tarragona. Si queríamos confiar en las instituciones y evitar discursos de odio, teníamos que afrontar los problemas con rigor y valentía. Este era el trabajo que habíamos hecho y que continuaríamos haciendo, y seguirá siendo nuestro caballo de batalla en futuras negociaciones con el gobierno de cara a ordenanzas y presupuesto”.
