El pleno del Ayuntamiento de Tarragona ha desestimado, con una amplia mayoría, la moción presentada por el grupo municipal de Junts, que proponía la creación de una ordenanza para regular el padrón municipal de la ciudad. La moción, que ha sido apoyada exclusivamente por el PP, ha generado un intenso debate y críticas por parte de diversas formaciones políticas, que han considerado la propuesta "ilegal" e "impropia".
La moción de Junts y sus implicaciones
Los proponentes argumentaban que la simple inscripción en el padrón de una persona, independientemente de si el domicilio es fruto de una ocupación ilegal o no, otorgaría automáticamente derechos plenos en servicios básicos como la escolarización y la sanidad. “La simple declaración de residencia en un domicilio, aunque sea fruto de una ocupación delincuencial, genera automáticamente derechos plenos”, han destacado desde Junts, haciendo referencia a las problemáticas asociadas a la inscripción en el padrón municipal sin condiciones de legalidad.
No obstante, la propuesta no ha contado con el apoyo de la mayoría de los miembros del consistorio. El grupo municipal de ERC ha sido uno de los principales detractores, aduciendo que el padrón está regulado por normativas del Estado y no puede ser objeto de regulaciones municipales. "El padrón es un registro administrativo de residencia, no de legalidad urbanística o contractual", ha apuntado Carles Farré, portavoz de ERC. Además, la moción también proponía incorporar el arraigo como criterio de preferencia para la adjudicación de vivienda pública municipal, una medida que ha sido fuertemente criticada.
Críticas a la propuesta del arraigo como criterio para la vivienda pública
La propuesta de Junts incluía que el arraigo fuera un factor determinante para el acceso a la vivienda pública, lo que ha sido contestado por varios grupos políticos. Carles Farré, de ERC, ha respondido contundentemente: “La vivienda pública debe ir a quien más lo necesita, no a quien lleva más años viviendo en Tarragona”. Por su parte, Judit Gómez, de Vox, ha ido más allá y ha asegurado que “el arraigo es un coladero de regularizaciones masivas”, añadiendo que “no hay vivienda para todos”.
Por su parte, el portavoz de En Comú Podem, Jordi Collado, ha insistido en que Junts “debería dejar de presentar propuestas que intentan tapar las vergüenzas ante una Alianza por Cataluña que les come el terreno”. Estas críticas subrayan la división política existente sobre la mejor manera de gestionar el padrón y la vivienda pública.
Aprobación del modificativo de crédito para la deuda municipal
En otro punto del orden del día, el Ayuntamiento ha aprobado un modificativo de crédito que prevé destinar 6,2 millones de euros de remanente de tesorería para reducir la deuda municipal. Esta medida permitirá disminuir la deuda viva de la ciudad hasta el 57%, con un ahorro estimado de unos 1,1 millones de euros en intereses. El plan ha sido avalado por los grupos del PSC, Junts, En Comú Podem y dos concejales no adscritos, mientras que ERC, el PP y una concejala no adscrita han votado en contra, y Vox se ha abstenido.
Esta iniciativa forma parte de un conjunto más amplio de reformas que incluyen actuaciones para mejorar la vía pública en el barrio del Serrallo, la reforma de la Quinta de Sant Rafael y la pacificación del primer tramo de la Rambla Nova. Este conjunto de medidas busca aliviar la situación financiera del municipio y mejorar la calidad de vida de los tarraconenses.
Plan Estratégico Tarragona Cultura 2033
Otro de los puntos aprobados durante la sesión plenaria ha sido el Plan Estratégico Tarragona Cultura 2033, un documento que define las líneas maestras para la gestión cultural de la ciudad durante los próximos ocho años. La iniciativa es fruto de un proceso participativo en el que han tomado parte más de 1.500 personas, entre ciudadanía, entidades, profesionales del sector y expertos, con el acompañamiento de la Universidad Rovira i Virgili en la fase de diagnóstico. El plan busca establecer una política cultural transversal y abierta, con el objetivo de hacer accesibles los derechos culturales a todo el mundo.
Según la consejera de Cultura, Sandra Ramos, el plan “pone a las personas y la cultura en el centro del bienestar colectivo, reconociéndola como un servicio esencial para toda la ciudadanía”.
El documento se articula a través de 8 ejes de acción, que incluyen gobernanza participativa, comunicación accesible, apoyo al tejido cultural y a los jóvenes, dinamización del territorio, inclusión, programación estable, recursos y evaluación. Entre los proyectos destacados se encuentran el Plan de fomento de la lectura, el Plan de acción del ciclo festivo y de la cultura popular, el Plan de divulgación del patrimonio y la historia y el Plan de artes escénicas y música.
El Plan quiere convertirse en una hoja de ruta viva, capaz de adaptarse a los retos futuros y de generar cohesión social y transformación comunitaria. Además, establece la colaboración con otras áreas municipales como educación, juventud, igualdad o turismo.
Con la aprobación, se abre ahora la fase de implementación. El 6 de noviembre se realizará la primera actividad vinculada al plan: la Jornada Formativa “Metodologías para una gestión y mediación cultural crítica e inclusiva”, dirigida a profesionales y técnicos del sector cultural.
Protesta ciudadana por la limpieza
Antes del inicio de la sesión, un grupo de vecinos y representantes de entidades han manifestado sus quejas por el estado de limpieza de la ciudad, exhibiendo carteles en los que pedían mejoras en este ámbito. El alcalde Rubén Viñuales, en respuesta a estas protestas, se ha reunido con los representantes y les ha garantizado que, gracias al nuevo contrato de limpieza, las demandas serán atendidas y que la situación mejorará de manera sustancial.
