Durante la tradicional calçotada del Partido Popular (PP) de Tarragona, celebrada este sábado, la presidenta provincial, Maria Mercè Martorell, ha puesto de relieve la grave situación que sufre el mercado inmobiliario local. Martorell ha denunciado especialmente la limitación de opciones tanto para comprar como para alquilar viviendas, poniendo como ejemplo el municipio de Valls, donde después de una búsqueda en un portal inmobiliario solo se encontraban tres pisos disponibles para alquilar.
Según ha detallado, “un de los pisos cuesta 800 euros, y los otros dos cuestan unos 500 y solo tienen 30 metros cuadrados. Es una situación insostenible. Los tarraconenses y tarraconenses necesitan opciones para poder establecerse en nuestra provincia e iniciar y desarrollar un proyecto de vida”.
Propuestas del PP ante la crisis habitacional
Martorell ha recordado que su partido ya presentó un plan específico sobre vivienda, el cual será una prioridad cuando accedan al Gobierno de España. Ha subrayado la necesidad de fomentar tanto la construcción nueva como la rehabilitación de los inmuebles existentes, así como agilizar los procesos administrativos vinculados con estos proyectos. Además, ha insistido en garantizar una mayor seguridad jurídica para los agentes implicados.
Cargos del PP contra las políticas actuales
Por otra parte, el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha atribuido a las fuerzas de izquierda tanto en Cataluña como a nivel estatal la responsabilidad directa en esta destrucción progresiva del mercado residencial. En sus palabras: “Se están destruyendo las esperanzas de millones de jóvenes que, por primera vez, se encuentran sin posibilidades de comprar ni alquilar ninguna vivienda”.
Además, Fernández ha criticado duramente las restricciones impuestas bajo pretextos contra la especulación inmobiliaria: “Para ellos todos somos especuladores, menos ellos mismos. Esto supone un ataque a la propiedad privada, a aquellos que humildemente han adquirido con sus ahorros una segunda residencia en la playa para disfrutarla durante el verano.”
En este sentido ha anunciado que llevarán estas medidas al Tribunal Constitucional para que sean revisadas judicialmente: “Es una medida inaceptable que va en contra del derecho a la vivienda reconocido en la Constitución y incompatible con la propiedad privada. Con lo que están haciendo destruirán el futuro de las futuras generaciones”.
